Mientras que la Supersociedades dice que la competencia es de la Superservicios, está última lo niega.
El Consejo de Estado tiene en sus manos una decisión trascendental que podría resolver en cuál superintendencia recae la vigilancia de la sociedad hidroeléctrica Hidroituango, en Antioquia, cuya construcción ha causado daños al medio ambiente y a las comunidades de la región.
No obstante, el organismo de control contestó que la competencia para hacerlo estaba en la cancha de la Superintendencia de Servicios Públicos, la cual -a su vez- respondió que tampoco era la competente para iniciar la supervigilancia del proyecto eléctrico.
Ante semejante disputa, la Procuraduría hizo un llamado al Consejo de Estado para destrabar el conflicto de competencias entre ambas Superintendencias, que ha llevado a que actualmente proyecto esté sin vigilancia.
“En materia ambiental, prevención y precaución deben anteponerse, antes que los conflictos de competencias que demoran las actuaciones que requiere situaciones de riesgo y daño, que se producen con la demora en la toma de medidas”, dijo procurador delegado, Diego Trujillo.
Añadió que lo trascendental hoy día es “tratar de aminorar el impacto y el daño que está ocurriendo en materia ambiental y en materia humanitaria con las comunidades que viven cerca de esta obra”.
Mientras que el Consejo de Estado destraba el conflicto de competencias para determinar cuál entidad debe vigilar Hidroituango, la Procuraduría avanza en el desarrollo de la mesa técnica ordenada por un juez de Bogotá, con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto.
En una de las últimas reuniones, los representantes de las autoridades concluyeron que no podrían cumplir con el plazo de 60 días impuesto por el juez para entregar un informe sobre la situación de Hidroituango.
Esto, debido a que ninguna entidad del Estado representada en Fiscalía, Contraloría y los Ministerios de Ambiente, Minas y Salud, tenía algún estudio adelantado sobre el tema, a pesar de que la emergencia inició desde el año pasado.
Isabel Zuleta, representante de la organización Ríos Vivos que cobija mas de mil familias declaradas como víctimas del proyecto, advirtió que las regiones aguas arriba del proyecto también están en riesgo por la inestabilidad del proyecto, por lo menos durante cuatro años.
“No nos informaron eso, EPM (Empresas Públicas de Medellín, dueña del proyecto) no nos contó la verdad, no nos hizo socialización del tema”, dijo en la mesa técnica del pasado 28 de junio.
Los próximos encuentros de la mesa técnica se desarrollarán los días 23 de julio; 02, 15, 28 de agosto y 9 de septiembre, fecha en la cual deberá estar listo el estudio que solicito el juez para determinar el futuro del proyecto eléctrico.
Sistema Integrado de Información
Tomado de RCN Radio
