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El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad contra la Resolución CRA 1040 de 2026, que fija el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo.
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Andesco aportará sus análisis jurídicos y técnicos sobre la norma para advertir sobre las omisiones en el proceso de consulta y los riesgos en la calidad y cobertura del servicio que se abren.
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El gremio solicita una suspensión de la norma antes de su aplicación el 1 de enero de 2027 con el fin de hacer la debida revisión y evitar fallas en el servicio que se derivarían de una tarifa que no compense los costos de las empresas públicas, privadas y mixtas que prestan el servicio.
Andesco, presentó ante el Consejo de Estado una solicitud de coadyuvancia a la demanda de nulidad contra la Resolución CRA 1040 del 30 de julio de 2026. Esta norma define el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo para municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores. El gremio considera que se deben revisar el trámite agotado por la CRA y los sustentos técnicos para evitar una afectación en la cobertura y calidad del servicio si los costos no compensan los gastos.
Con la coadyuvancia, el gremio pondrá a disposición del juez los cuestionamientos que ha planteado desde agosto:
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Participación ciudadana. La resolución adoptada incluye más del 50% de disposiciones nuevas frente al proyecto que se sometió a consulta. Esos cambios no fueron conocidos ni discutidos por los actores de la cadena antes de su adopción.
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Efectos retroactivos. La norma deroga reglas para el cálculo del aprovechamiento que afectan a organizaciones de recicladores y a usuarios que no hacen parte del ámbito de este marco.
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Criterios de la Ley 142 de 1994. Toda decisión tarifaria debe cumplir los criterios de eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
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Supuestos técnicos. En el análisis técnico se identificaron parámetros que no corresponden a la operación real. Por ejemplo, la metodología supone un rendimiento de 57,42 kilómetros diarios para barredoras sobre chasis, frente a una referencia operativa cercana a 32 kilómetros, y reduce la tasa de mantenimiento de esos equipos del 21,14% al 10% lo que está por fuera de la realidad.
“Respaldamos esta demanda porque el país necesita seguridad jurídica en la regulación de un servicio que se presta todos los días. Acudir al Consejo de Estado no reemplaza el diálogo: seguimos pidiendo que declare la nulidad de la Resolución 1040 antes de su aplicación y que se abra una nueva construcción técnica con el Gobierno, la CRA, las ciudades, los prestadores, los recicladores y los usuarios. Lo que está en juego es la continuidad y la calidad del servicio para 36 millones de usuarios, por lo que se solicita al Consejo de Estado declarar la suspensión provisional como medida cautelar hasta tanto se resuelva el fondo del asunto”, afirmó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
La revocatoria
El 22 de septiembre el gremio presentó ante el Gobierno nacional una solicitud de revocatoria directa de la Resolución 1040. Ante la admisión de la demanda de nulidad por parte del Consejo de Estado, el gremio se ha hecho parte a través de la presentación de la solicitud de coadyuvancia.
Andesco propone instalar una mesa técnica y participativa para construir una nueva resolución con evidencia verificable: costos eficientes de equipos y tecnologías, rendimientos alcanzables en las ciudades, costos laborales, disposición final y necesidades de inversión al margen de los procesos judiciales y administrativos que se encuentren en curso.
Recicladores de oficio
Andesco reitera que cualquier decisión debe preservar los derechos, la formalización y la remuneración de los recicladores de oficio, reconocidos por la Corte Constitucional. Sus organizaciones deben participar de forma directa en la construcción de la nueva regulación.
El gremio respeta la autonomía del Consejo de Estado y de las autoridades regulatorias, y reitera su disposición a mantener un diálogo técnico con el Gobierno nacional y la CRA.
