La pandemia llevó a que tarea de Caribe Mar y Caribe Sol sea entregada con casi seis meses de retraso.
Casi seis meses después de la subasta de Electricaribe, sus nuevos dueños recibirían las llaves para asumir la operación de transmisión y comercialización de energía en los siete departamentos de la Costa Atlántica.
Es decir, que solo hasta los primeros días de octubre, tanto el Grupo EPM como Enerpereira, tomarían en propiedad cada uno de los segmentos asignados (Caribe Mar para el Primero y Caribe Sol para el segundo) en concurso público.
Así lo pudo establecer este diario con cada una de las empresas seleccionadas, las cuales afirmaron que para esas fechas comenzarían la operación.
La gerente de Enerpereira, Yulieth Porras Osorio, indicó que siguen con la fecha establecida (1 de octubre) para asumir la tarea, y que hasta el momento no se ha solicitado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) prórrogas para la entrega de las llaves, pero advirtió que a finales de junio se analizarán cada una de las variables de la operación de Caribe Sol para confirmar la fecha, o si pide un aplazamiento para asumir la actividad.
Con la entregas de las respectivas operaciones programadas para inicios de octubre, quedan sobre la mesa dos interrogantes: ¿por qué las llaves de cada uno de los segmentos se entregan solo seis meses después de la subasta, cuando el plazo inicial trazado era de dos meses? y ¿la demora en asumir la operación cómo se verá reflejada en más costos adicionales?
En un reciente debate político en el Congreso de la República, la agente interventora de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas, explicó que la crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19 no so demoró la entrega de la operación, sino que además el aislamiento llevó a una caída en el recaudo que derivó a un aumento en el déficit de caja, el cual será mucho mayor al que estaba registrado en libros al momento de la subasta.
La funcionaria precisamente le explicó a los congresistas, que este citado déficit al pasado 31 de diciembre era de $308.000 millones, y que a la fecha este ascendió a más de $1 billón.
Así mismo, explicó que la crisis generada por la pandemia en el país derivó pérdidas de energía las cuales llegaron a los $148.000 millones y el valor por concepto de la compra de energía se incrementó en $223.000 millones.
Cabe recordar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió en febrero pasado la Resolución 010 de 2020, cuyo articulado establece una flexibilidad para cobrar más gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM), con el fin de asegurar la sostenibilidad de la prestación “eficiente del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la región Caribe”.
Así, con este régimen tarifario especial transitorio le permitirá a los nuevos operadores recuperar los recursos que inviertan para el control de pérdidas de energía, sin contar que asumirán los activos libres de deudas.
“En caso que no se presente el plan de inversión (a la Superservicios) en los plazos establecidos se considera que hay un incumplimiento a la regulación y una posible afectación de la calidad, seguridad y confiabilidad del Sistema de Transmisión Nacional (STN), Sistema de Transmisión Regional (STR) o Sistema de Distribución Local (SDL)”, advierte la Resolución.
Tomado de Portafolio
