Desde el Consejo Gremial Nacional expresamos nuestra profunda preocupación por los recientes señalamientos del Gobierno Nacional hacia el sector energético, y hacemos un llamado urgente a que el debate sobre el futuro energético del país se desarrolle con fundamento técnico y respeto institucional.
Colombia necesita una discusión basada en evidencia, no en juicios infundados que ponen en entredicho a un sector que históricamente ha demostrado compromiso, responsabilidad y capacidad de respuesta. Las tarifas de energía se determinan conforme a la ley y a la regulación vigente, y cualquier intervención arbitraria compromete la seguridad jurídica, la inversión en nuevos proyectos, especialmente aquellos de energías renovables y que finalmente terminaría perjudicando a los usuarios.
Los precios en bolsa reflejan la realidad del mercado: responden a la oferta y la demanda, y su impacto en la tarifa final es limitado. El verdadero problema no es el modelo, sino la falta de nueva oferta energética. Propuestas como restringir la participación de generadoras renovables afectan la eficiencia del sistema, elevan los costos y atentan contra los principios de libre empresa.
Defendemos con firmeza la necesidad de preservar la independencia técnica de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Politizar las decisiones regulatorias pone en riesgo la confianza del sector, aleja la inversión y obstaculiza la expansión de la capacidad energética que el país requiere para garantizar el suministro.
Nos preocupa, además, la delicada situación financiera de las empresas del sector, que a pesar de la deuda acumulada por el Estado —superior a los $7 billones— han mantenido la prestación del servicio sin interrupciones. Esto no puede sostenerse indefinidamente. El pago oportuno de los compromisos del Gobierno es indispensable para evitar afectaciones más graves.
Desde el Consejo Gremial Nacional reiteramos el papel estratégico del gas natural en la confiabilidad del sistema energético nacional. Su valor es fundamental ante la variabilidad de otras fuentes, y su cadena de valor debe ser protegida e incentivada. Las medidas de intervención antitécnicas, sumadas a los mensajes contradictorios del Gobierno, están generando un alto nivel de incertidumbre que compromete inversiones por más de 13 billones de pesos, necesarias para ampliar el parque de generación y atender la creciente demanda energética del país.
Colombia necesita confianza, seriedad y visión técnica para avanzar.
