Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Con la Constitución de 1991 iniciamos una revolución positiva, pacífica y contundente en el sector de los servicios públicos, así se formularon las leyes 142, 143 y posteriormente la ley 1341 para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Han sido más de tres décadas de transformaciones con sustanciales aumentos en cobertura, calidad, continuidad y sin apagones, como lo mostramos con cifras irrefutables durante nuestro congreso esta semana. Esto gracias a un sólido sector empresarial público, mixto y privado en permanente competencia, generando bienestar a los usuarios, complementado con comunidades organizadas y siendo sostenibles en las dimensiones económica, social y ambiental.
Por supuesto que todo es perfectible y siempre estamos listos para su mejoramiento, pero sin destruir lo que existe, construyendo sobre lo construido. Este fue el centro del debate en el Congreso Andesco, donde intercambiaron opiniones el Gobierno, Congreso, altas cortes, Ministerio Público, entidades de regulación y control, empresas, academia, consultores y usuarios. Se discutió cómo potenciar y consolidar la seguridad en todos los sentidos, mejorar la prestación y lograr tener servicios al mejor precio posible y con la calidad adecuada, para que los usuarios los puedan “usar, querer, cuidar y pagar”.
Nuestro sector representa cerca del 7% del PIB Colombiano; emplea a más de 690.000 personas con una formalidad del 76%, muy superior al 45% nacional. Atrae en promedio el 15% de la Inversión Extranjera Directa. Contribuye con el 6,4% del Impuesto de Renta y 11% del IVA, sin contar la tributación territorial, donde también tiene una participación muy relevante.
Igualmente, reiteramos que no hay temor frente a la actualización tecnológica y normativa del marco legal con el consenso adecuado, aclarando que ésta no puede ser simplemente producto de una narrativa ideológica, ni para resolver problemas coyunturales de precios o cambiar todo lo que está funcionando. La discusión deberá girar sobre argumentaciones técnicas, jurídicas y fiscales, estimando los impactos que se generarán con las decisiones para no poner en riesgo la suficiencia financiera de las empresas y la prestación del servicio. En definitiva, no podemos dar un salto al vacío ni retroceder en lo avanzado.
Finalmente, se recalcó la preocupación por los retrasos de la entrada de los proyectos de energías renovables, aplaudiendo que se destrabaron proyectos como La Colectora, pero dejando una voz de alerta por la baja de las reservas probadas de gas natural, insistiendo en la necesidad de aumentar la exploración, explotación y la oferta disponible actual. En cuanto a la institucionalidad, volvimos a solicitar el nombramiento en propiedad de los comisionados de la CREG y CRC, corregir los incentivos perversos en el aprovechamiento de residuos, y reducir las cargas gravosas al sector TIC, entre otros aspectos.
En resumen, “Mejores decisiones hoy, aseguraran servicios públicos mañana”.
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