En menos de dos años, según los operadores de aseo, 10.236 canecas han sido destruidas o robadas.
Desde el primer semestre de 2019, en cumplimiento de los contratos de concesión de aseo, los operadores del servicio empezaron a instalar cestas de basura en zonas comerciales y residenciales, plazoletas y parques de Bogotá, pero pronto se encontraron con que este mobiliario se volvió blanco de ciudadanos inescrupulosos que las destruyen, las desvalijan y hasta se las roban.
Con corte al 31 de diciembre de 2020, menos de dos años después, los operadores del aseo habían reportado que 10.236 canecas habían sido afectadas, bien sea vandalizadas (4.690) o hurtadas (5.546), según la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), organismo rector del servicio de aseo en la ciudad. Esa situación le cuesta a la ciudad miles de millones de pesos, que pagan los usuarios del servicio de aseo.
En Bogotá fueron instaladas alrededor de 80.000 cestas, entre plásticas y metálicas, en más de 40.000 puntos. En otras palabras, una de cada ocho canecas ya no existe o apenas está el soporte metálico.
La instalación de ese mobiliario exigió una inversión aproximada a los 42.000 millones de pesos, según estima el concejal Rolando González, quien ha venido realizándole seguimiento a este fenómeno.
González, quien ha recorrido las zonas más afectadas, cuestiona que aún no se ha hecho reposición de las cestas destruidas y desaparecidas, una tarea que, de acuerdo con el cabildante, le corresponde a la Uaesp.
Sin embargo, la entidad le dijo a EL TIEMPO que en los contratos firmados con los operadores de aseo no se contempló la reposición ni la reubicación de las cestas y que en la tarifa por el servicio solamente se contempla el mantenimiento y reparación de estos elementos.
La Uaesp, así mismo, hizo un llamado a los ciudadanos a mejorar las prácticas de cultura ciudadana y fortalecer el amor por la ciudad. “El buen uso del mobiliario público de aseo es indispensable para que el disfrute de la ciudad y la limpieza de esta sean óptimos”, indicó la entidad en un comunicado.
El mayor vandalismo y hurto de las cestas, reporta la entidad, se presenta en las zonas de los operadores Promoambiental y Lime, particularmente en las localidades de Puente Aranda, Bosa, Ciudad Bolívar y Los Mártires. A esta lista el concejal González le agrega Tunjuelito, Antonio Nariño y Teusaquillo.
En todas ellas, calcula el cabildante, se presenta al menos el 52 por ciento de los hurtos y hechos de vandalismo. Otro 27 por ciento ocurre en Usaquén, Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.
La misma situación se presenta en otros sectores de la ciudad y afecta a todos los operadores del aseo, aunque a algunos más que a otros. Por ejemplo, la empresa Ciudad Limpia, que opera en las localidades de Kennedy y Engativá, tiene registros de 786 cestas destruidas y hurtadas. Para este operador, uno de los sectores más afectados por el vandalismo es la avenida Boyacá entre calles 26 y 13, una zona donde hay lotes en vías de construcción y una ciclovía muy transitada.
La destrucción del mobiliario se presenta especialmente en zonas poco habitadas o que son frecuentadas por habitantes de calle y drogadictos. En esos sitios también se viene presentando otro fenómeno: se volvieron lugares de disposición de bolsas de basura y, por tanto, focos de contaminación. Pero, además, los vándalos no solo se han ensañado contra las cestas de basura, sino también contra los contenedores, muchos de ellos ya no se encuentran o han sido quemados.
Ciudad Limpia lamentó que haya personas inescrupulosas que las roban y vandalizan. “Invitamos a la comunidad a cuidar las cestas, dado que están ubicadas para recibir los residuos de los transeúntes y así evitar la afectación del espacio público”, indicó la empresa.
Pero a pesar del costo que tiene para la ciudad la destrucción y robo de las cestas de basura, hasta ahora solo se conoce de un proceso por hurto del mobiliario en la localidad de Puente Aranda y una sanción por 10 millones de pesos a un ciudadano por vandalismo.
El concejal González considera que ante la gravedad del fenómeno es necesario que las alcaldías locales, junto con la policía y los inspectores de policía, adelanten campañas con sus comunidades para que se apropien del mobiliario urbano y lo ayuden a cuidar.
Tomado de El Tiempo
