El Consejo Gremial Nacional, en su compromiso con el bienestar de los colombianos y el desarrollo económico de las regiones, expresa su profunda preocupación ante el apagón financiero energético que afecta al departamento de Vichada desde el 2 de enero.
La situación reportada por Electrovichada, se atribuye a la falta de giros por parte del Ministerio de Minas y Energía, que adeuda $1.600 millones en subsidios de tarifa al proveedor REFOENERGY, correspondientes a la energía suministrada desde marzo de 2024.
De acuerdo con varios gremios del sector energético, el sector reporta a la fecha deudas acumuladas de $2,4 billones en energía eléctrica y $628 mil millones en gas natural, correspondientes a subsidios no pagados durante 2024. La ausencia de estos recursos ha desbordado la capacidad financiera de muchas empresas, que enfrentan dificultades para cubrir costos operativos, pagos a proveedores y salarios, y que, en algunos casos, podrían verse obligadas a suspender el servicio.
Desde el Consejo Gremial Nacional hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que priorice el pago de los subsidios y la opción tarifaria solicitada desde hace varios meses. Adicionalmente solicitamos que el Gobierno Nacional:
- Desembolse los valores adeudados a las empresas, para garantizar el flujo de caja necesario que permita sostener la operación.
- Ajuste el Presupuesto General de la Nación 2025, destinando los recursos requeridos para cubrir los subsidios faltantes y evitar el desfinanciamiento del sector energético.
- Facilite mecanismos como la titularización de la deuda y el cruce de cuentas tributarias, tal como lo permite el Decreto 1244 de 2013.
- Redefina los criterios de asignación de subsidios, focalizando los recursos hacia la población más vulnerable para garantizar tarifas accesibles de energía y gas.
Recordamos que los subsidios otorgados por las empresas del sector están amparados en la Ley 142 de 1994 y normas conexas, que establecen las bases para su financiamiento y redistribución. Exhortamos al Gobierno Nacional a cumplir con estas obligaciones legales, esenciales para garantizar la sostenibilidad del sistema energético y proteger los derechos de los ciudadanos.
A la crisis sistémica anotada, se suman decisiones recientes por parte de la CREG y el Ministerio de Minas y Energía, relacionadas con la intervención anti técnica del mercado, en aspectos que alejaran las inversiones que requiere el sector, aumentarán los precios de la energía y afectarán la sostenibilidad financiera de todos los agentes de la cadena, en perjuicio de los usuarios.
Sobre el particular, solicitamos, en primer lugar, la revisión inmediata de la Resolución CREG 101 066, relacionada con los nuevos precios de escasez que aplicarán a futuros procesos de asignación de obligaciones de cargo por confiabilidad, y en segundo lugar la revisión inmediata de la propuesta de Decreto del MinMinas de disponer de un porcentaje máximo del cinco por ciento (5%) de la venta de la energía en bolsa a cargo de empresas generadoras que utilicen tecnologías renovables convencionales y no convencionales, para el mercado regulado, la cual no solo no soluciona en forma alguna la problemática que pretende atacar, sino que, por demás, distorsiona artificialmente el mercado mayorista, alterando sus reglas y desincentivando la participación eficiente de los agentes, genera inequidades de trato entre diferentes tecnologías de generación, y resulta incompatible con los objetivos de sostenibilidad ambiental y transición energética eficiente.
Finalmente, instamos al Gobierno Nacional para que tome las medidas necesarias y realice los pagos pendientes de los subsidios y la opción tarifaria. De no hacerlo, esta problemática se extenderá a varias regiones del país, afectando principalmente a pequeñas empresas públicas, privadas y mixtas que dependen de estos recursos para operar.
