Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional.
Tomado de Portafolio
Si realmente queremos buscar soluciones a los problemas de inseguridad y narcotráfico, tenemos que hablar con la verdad. Existe consenso entre gobernadores, alcaldes, empresarios y ciudadanía frente al deterioro alarmante de las condiciones de seguridad y orden público en gran parte del territorio.
La última encuesta Invamer indica que el 85% de encuestados cree que la inseguridad está aumentando. Ratificando estudios del Consejo Gremial, Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, JEP, entre otros, que a partir de cifras oficiales a diciembre 2024, muestran incrementos significativos en casi todos los delitos; la extorsión con 11% más, aún con el subregistro debido a que la gente no denuncia por miedo, mientras Mindefensa reportó 12.334 casos, la Fiscalía 15.896.
Tuvimos 87 masacres con 299 víctimas; los ataques terroristas crecieron en un 100% en Huila, Valle y Cauca; el reclutamiento infantil supera el 17%; los delitos informáticos 18%; ni qué decir de atracos y asaltos que se dan a diario y no se cuantifican. En el 5° Informe Bimestral del Observatorio de Seguridad del CGN mostramos que durante este Gobierno ha habido 1.585 bloqueos, generando pérdidas por $4,3 billones. En lo corrido del año estas cifras se han disparado por acontecimientos en Valle, Chocó, Cauca, Catatumbo y Cúcuta, mencionando solo algunos. De acoger la Corte los pronunciamientos del presidente y el exministro de Defensa, que aseveraron que todo es normal y que estamos mintiendo con nuestras cifras, muy seguramente al Gobierno se le caerá la declaratoria de Conmoción para el Catatumbo.
La política de Paz Total ha sido un fracaso, no porque nosotros queramos, sino porque los grupos armados y delincuentes no han respondido a las expectativas y generosidad, dilatando el proceso para fortalecerse y evitando su avance, llevando al país a revivir situaciones de barbarie que creíamos superadas. De ahí nuestra solicitud de priorizar en el Presupuesto Nacional los recursos para la Fuerza Pública, para así recuperar el espacio perdido.
Presentar como éxito un 1% de disminución en el número de homicidios es francamente un despropósito. El orden y la seguridad no pueden ser medidos de manera tan simple; a los colombianos y al mundo les preocupan todas las formas de violencia.
Es inaceptable que el Gobierno descalifique y señale a personas e instituciones por decir la verdad sustentada con pruebas y elementos técnicos. Por esto el CGN exige respeto, dado que nuestra obligación es presentar la realidad en pro del bienestar social, el buen desempeño del empresariado y resguardando siempre la democracia.
Los gremios no nos callaremos y menos en este momento histórico donde todos los colombianos esperan que seamos parte de la solución. ¡No más miedo!
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