Columna de opinión: Camilo Sánchez Ortega, Presidente de Andesco.
18 de Mayo de 2021. Es frustrante ver cómo se destruye con violencia el esfuerzo construido en varias décadas, bajo el pretexto de la lucha contra la desigualdad y la corrupción. El saldo: un país más polarizado, empobrecido, transportado a la oscuridad de la desesperanza, la incertidumbre y el miedo. Estamos repitiendo errores de países hermanos y nos preguntamos el por qué sus sociedades lo permitieron. Parte de la respuesta es que una enorme mayoría silenciosa, creadora de empleo y desarrollo, pensó que era mejor pasar de agache, ante un tema que suponían intrascendente y que se normalizaría como siempre; sin embargo, continuó el deterioro social por la tardanza de la intervención, lo que impidió rectificar el rumbo. El espejo venezolano nos tiene que alarmar, porque en 22 años se acabó al país más rico de la región, dejándolo sumido en una dictadura disfrazada de democracia, pobreza y corrupción cuya consecuencia ha sido el éxodo masivo.
La evidencia demuestra que con asistencialismo total y constreñimiento de la iniciativa individual y empresarial, no se alcanza la meta. Pensar que con cambiar el texto en la constitución o limitando el número de congresistas o estimulando una lucha de clases todo va cambiar, es una utopía. Se requiere consciencia individual y colectiva con compromiso, convicción y solidaridad que con hechos concretos siente la estructura de un cambio social e implemente una cruzada de lucha frontal contra las expresiones ilegales y la corrupción.
Debemos unirnos como sociedad, denunciar y combatir con vehemencia actos violentos e incendiarios. No más miedo e indiferencia, lo que está en juego es nuestro futuro. Construyamos los consensos que se requieren para avanzar sin destruir los bienes privados y mucho menos los públicos. La propiedad privada es un importante avance de nuestra sociedad y hay que protegerla con progresividad tributaria adecuada.
Respetemos el derecho legítimo a la protesta pacífica y democrática, pero no permitamos que con la excusa de defender derechos de un grupo, se vulneren los derechos de otros. Los bloqueos generan escasez de alimentos, medicamentos, insumos, combustibles e impiden la movilidad, afectando a millones de habitantes de las ciudades y el campo; no podemos contentarnos con el eufemismo de los corredores humanitarios. No tiene sentido que en plena pandemia, por culpa de unos imprudentes, no haya oxígeno, aumente la Covid y crezca el número de muertes por falta de UCI, llevando el sistema al colapso.
La Fuerza Pública deberá seguir siendo garante de la seguridad ciudadana, tiene el mandato constitucional para hacerlo. Debemos exigir a entes de control prontos resultados y -de ser necesario- endurecer penas a quienes utilicen ilegítimamente la violencia, venga de donde venga.
Nada más vigente que la frase atribuida a Voltaire: “estoy en desacuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía por su derecho a decirlo”.
