Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del CGN
Tomado de Portafolio
Se dice popularmente “el que paga lo que debe, sabe lo que tiene”. Desafortunadamente esto no pegó en este Gobierno, donde se desconocen vigencias futuras y deudas pasadas, llegando a facturas impagadas hasta de $61 billones.
Además se crean embajadas, nóminas paralelas y contratos de prestación de servicios, incrementando el gasto de funcionamiento. No satisfechos, también financian movilizaciones y marchas impulsando consultas innecesarias y costosas.
Con el presupuesto más grande de la historia no deben seguir buscando excusas, sino priorizar para pagar los subsidios energéticos, inversiones de conectividad, deudas del sistema de salud, créditos del ICETEX, obras de infraestructura y equipamiento para la Fuerza Pública, entre otros.
Según el último informe del Comité Autónomo de Regla Fiscal, a finales de marzo/2025 el monto de los depósitos en caja era de $10 billones, el más bajo para el mismo mes desde que se tienen registros. El gasto fiscal continúa en 5,3% del PIB, por encima del promedio de los últimos 5 años (4,5%). Para cumplir la meta de recaudo propuesta por MinHacienda en febrero, los ingresos deberían haber aumentado en 22,7%, pero apenas han crecido 6,2%.
Excusándose en falta de recursos, de manera creativa y peligrosa tramitan una propuesta antitécnica de decreto, una Reforma tributaria encubierta sin visión de largo plazo, desconociendo y evadiendo al Congreso, lo que traerá nefastas consecuencias a nuestra golpeada economía, modificando el mecanismo de autorretención al aumentar las bases mínimas de retención en la fuente; estos no son impuestos sino anticipos para los contribuyentes formales. Prácticamente es un crédito forzado para financiar el déficit fiscal ocasionado por la ineficiente ejecución del gasto público.
Este es un cobro adelantado sobre ingresos que ni siquiera se han terminado de consolidar, es un palo en la rueda para la reactivación económica de empresas, trabajadores formales, independientes y pequeños comerciantes. Igualmente, incluyeron a entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta, y al no existir un impuesto a cargo, este anticipo se convierte en un pago sin causa tributaria, lo que es abiertamente ilegal.
Según Fedesarrollo, esta propuesta es un adelanto de impuestos de 2026 por 13,9 billones (0,8% del PIB), repitiendo el error de 2023, ampliando el hueco fiscal, afectando la calificación crediticia del país y poniendo en grave riesgo el cumplimiento de la Regla Fiscal, dejando en graves aprietos financieros y de caja al próximo Gobierno.
Es necesario disminuir el gasto público, invertir eficientemente para equilibrar el presupuesto bajo los principios de planeación, sostenibilidad y responsabilidad fiscal, de lo contrario, llevaremos al país a una profunda recesión.
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