Camilo Sánchez, presidente de Andesco y el CGN
Tomado de Portafolio
Cada día desconciertan más los anuncios gubernamentales que, en vez de generar acuerdos y consensos, terminan en amenazas y contradicciones. La última perla: querer contratar mediante prestación de servicios a más de 12 mil personas sin experiencia para hacer gestiones de paz.
Esto financiado por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) con un costo aproximado de $240 mil millones, sin funciones claras, ni conocimiento de la problemática, elegidos a dedo para ir a las regiones a cumplir una función política, con la excusa de hacer una labor en pro de la convivencia y seguridad, que se ha venido deteriorando alarmantemente durante este Gobierno, en vez de destinar recursos a fortalecer la Fuerza Pública en temas como mantenimiento, combustibles, cámaras de vigilancia, entre otros.
Este Fondo fue creado para mejorar la gobernabilidad local y territorial, mediante evaluación y seguimiento de programas y proyectos que no pueden superar el 1,5% del Plan Anual de Inversiones, donde se indican los que se “ejecutarán en la respectiva anualidad priorizando las inversiones más necesarias”. Surge la pregunta obvia de si estas contrataciones estaban incluidas dentro del Plan Anual, pues aparecieron de la noche a la mañana.
También extraña querer hacer esta convocatoria precisamente cuando pretendían realizar una consulta popular con preguntas direccionadas, sin estudios previos, ni mencionar la fuente de recursos para hacerlo.
Afortunadamente el Senado frenó esa intención y será en su Comisión IV donde se discutirá el articulado de la Reforma laboral, evitando dilapidar más de $700 mil millones, y desactivando la polarización en las calles, lo que podría derivar en violencia y hasta muertos.
Claramente, el anuncio hecho de usar Fonsecon respondió a una contratación burocrática para contar con una aceitada maquinaria, para impulsar la consulta que el Gobierno sigue empeñado en realizar, porque cree que le sirve de punta de lanza para las campañas electorales de sus aliados, tanto para Congreso como las presidenciales en 2026, derrochando dineros públicos y sin rendición de cuentas. Invitamos a los órganos de control a estar atentos para evitar esta estrategia.
Es contradictorio que este Gobierno, que en la Reforma laboral quiere acabar con la prestación de servicios, sea el mismo que a través de este mecanismo quiera contratar 12.000 personas más. Pero como para ellos el fin justifica cualquier medio, ahora queda claro por qué estamos como estamos y para dónde quieren que vayamos.
PD: Con la última propuesta del Gobierno de hacer otra consulta popular, lo que queda claro es que realmente no estaban preocupados por lo laboral, sino que quieren encontrar cualquier excusa para anticipar la política en las calles.
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