Pequeñas empresas llevan internet a los hogares rurales, siendo la solución más viable para muchas familias. Estas iniciativas privadas han tenido un profundo impacto social, facilitando el acceso a educación, entretenimiento y comunicación en territorios de difícil acceso para otros operadores.
Era de esperar que el confinamiento por la pandemia del COVID-19 hiciera del acceso a internet una necesidad imperativa para todo el país. Dicho servicio se encuentra particularmente rezagado en el sector rural, pues según el Mintic, para 2019 menos del 10 % de los hogares rurales contaban con conexión a internet. Si bien la pandemia aceleró estrategias y proyectos del Gobierno para llevar la conectividad a estas regiones, estos esfuerzos se han enfocado en áreas urbanas con mayor densidad poblacional, como las cabeceras municipales. Quienes realmente se han ensuciado las botas llevando el servicio a las familias que habitan en lugares marginales han sido una cantidad de pequeñas empresas, las cuales han logrado montar un negocio rentable con un fuerte impacto social.
Si usted vive en una ciudad, lo más probable es que solo conozca las grandes empresas de telecomunicaciones como Claro, Une y Movistar. Sin embargo, el territorio nacional está lleno de pequeños proveedores de internet. Según los informes del Mintic, durante el año 2020 se registraron 127 nuevas empresas prestadoras de este servicio, para un total de 647 registradas formalmente. La gran mayoría de estas empresas se encuentran en áreas rurales, donde el modelo de negocios de los gigantes de telecomunicaciones no funciona.
Estas pequeñas empresas son proveedoras de servicios de internet inalámbrico o WISP, por su sigla en inglés. Su modelo consiste en ubicar grandes nodos que irradian la señal de internet en un área determinada, donde posteriormente una antena en el hogar del cliente recibe la señal, dándole así la conexión que tanto necesita. Esta tecnología inalámbrica es lo que permite llevar la internet a lugares marginales, porque implementar tendidos de fibra óptica es inviable debido a la falta de infraestructura y la poca densidad poblacional, principalmente.
¿Qué tarifas cobran estos proveedores? Normalmente, el costo de un producto o servicio se determina según un equilibrio entre lo que están dispuestos a pagar los consumidores y un precio rentable para los productores. La internet, al ser un servicio tan vital, se ha convertido en un bien inelástico, es decir, así sea caro o barato las familias intentarán pagarlo. Lo anterior resulta muy problemático en áreas rurales donde los ingresos son muy bajos y la internet podría representar una proporción muy grande de sus gastos mensuales. Sin embargo, hay un factor que juega a favor de la población en general: la competencia.
Bibiana Rincón, fundadora de Pidecol SAS, empresa que provee internet rural en la zona de Viotá (Cundinamarca), explica que “inicialmente se cobraba una mensualidad de $65.000 por el plan ilimitado de cinco megas de velocidad. Sin embargo, la presencia de la competencia en la región nos llevó a bajar la tarifa a $50.000”. Además, comenta que actualmente existen entre cinco y seis proveedores que se compiten esta región.
No es sorpresa que la pandemia haya catapultado a estas empresas, razón por la cual muchos creerían que estos proveedores están reportando grandes utilidades. Sin embargo, este no es siempre el caso. Varios proveedores de internet rural han tenido que reinvertir en nuevos equipos para garantizar la conexión a una clientela que se ha tornado más exigente y llevar conexión a vastos territorios que continúan desatendidos. Daiver Terreros, otro proveedor de este servicio, manifiesta que “se han necesitado nuevos equipos, además los precios de estos han subido 20 %. La utilidad se verá reflejada más adelante”. Por su parte, Bibiana Rincón sostiene que a pesar de llevar internet a 500 hogares, aún no reporta utilidad alguna, de momento su pago es la labor social de la empresa, pues este es un servicio que les cambia la vida a hogares que se han encontrado incomunicados hasta este momento.
Más increíble aún es que estas pequeñas empresas WISP se han financiado exclusivamente de manera privada y el apoyo por parte del Estado no se ve en el horizonte. Rincón sostiene que “ha habido subsidios para los territorios que se han gastado en zona wifi, pero a los WISP, quienes hacen el trabajo sucio, quienes se meten de a pie a trabajar en el terreno, el Estado no los ve”.
Es así como estas iniciativas privadas se están tomando el sector rural. Su impacto social es innegable, pues ofreciendo un buen servicio a bajo costo están llevando educación, entretenimiento y calidad de vida a las zonas más marginales del país. Con la pandemia, los WISP han asumido un reto enorme al proveer conectividad y cobertura al ciudadano rural, lejos de las grandes empresas y las iniciativas del Estado.
Tomado de El Espectador