Tomado de La República
Andesco, Acolgen, Andeg, Ser Colombia, Naturgas, Andi, Asoenergía, Acce y Asocodis son los nueve gremios que hicieron el envío de una carta dirigida al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, sobre el impacto del Decreto 1276 de 2023, que adopta medidas para crear un régimen tarifario especial y diferencial en La Guajira.
«Desde las nueve agremiaciones de energía y gas que suscriben esta comunicación, nos permitimos plantear algunas consideraciones e impactos estimados de la implementación de las medidas establecidas en el Decreto 1276 de 2023», indica la carta.
En ese Decreto se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética con el fin de superar la crisis humanitaria y el estado de las cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológico declarado en el departamento de La Guajira.
En el documento los gremios indican que es fundamental la entrada en operación de los proyectos de generación y transmisión de energía en La Guajira, «en tanto estos permitirán no solo la ampliación dela oferta y diversificación de la matriz eléctrica del país, sino también el mantenimiento y creación de nuevos empleos en la región, la intensificación de las transacciones comerciales sucedáneas a los proyectos que generan riqueza para todos los habitantes y la atracción de nuevas inversiones para aumentar las condiciones de prosperidad de una región que, coincidimos con el señor Presidente de la República, puede ser un polo de riqueza en los años por venir».
Y en ese punto, los gremios se refieren a los retrasos respecto a la fecha inicialmente planteada para la entrada de operación. «Observamos con gran preocupación que las medidas definidas en dicho cuerpo normativo (el Decreto 1276) no son conexas ni tienden a resolver las causas que llevaron a declarar la emergencia económica, social y ecológica», indica el documento.
Para los nueve gremios, la mayoría de las disposiciones previstas en el Decreto generan un impacto negativo para todo el país y específicamente para los usuarios del servicio de energía eléctrica.
«En primer lugar, los gremios firmantes y sus empresas afiliadas reconocemos la importancia del departamento de La Guajira para el país y para la transición energética de Colombia, por lo que apoyamos de manera decidida su desarrollo social, económico y cultural (…) Las empresas del sector con presencia en la región han concentrado grandes esfuerzos e inversiones«, indica la carta.
En cuanto al cargo por confiabilidad, los gremios aseguran que se están realizando cambios estructurales al mercado de energía que afectarán a los usuarios en el largo plazo, «con injerencias en la libre competencia en la oferta, la formalización eficiente de los precios, la seguridad jurídica de los prestadores y la confianza de los inversionistas».
Así, el grupo de gremios expone cuatro puntos de impacto en donde piden al Ministerio de Minas y Energía tomar medidas. Se trata de la suspensión de contratos de energía, la subasta del cargo por confiabilidad, el aporte al departamento de La Guajira por parte de estratos cuatro, cinco y seis, y las transferencias del sector eléctrico y los proyectos Fncer.
