Camilo Sánchez, Presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
En la Plaza de Bolívar, durante la marcha convocada por el Gobierno y financiada por nuestros impuestos, el presidente Petro insistió en un acuerdo nacional, “no para que el Presidente se arrodille, sino para que las élites puedan dialogar con su pueblo”, invitando a ser parte de las transformaciones a los expresidentes, los más ricos, partidos, gremios y organizaciones sociales.
Este retador mensaje ha generado mayor polarización e incertidumbre. ¿Qué clase de acuerdo lograremos si ya determinó las conclusiones y no acepta nada en contrario, ni siquiera bajo la sustentación técnica de instituciones idóneas como el Banco de la República y Fedesarrollo, entre otros?
Anunciar nuevamente la reforma de la ley de servicios públicos es contradictorio porque desconoce lo que hace meses venimos adelantando, mediante un diálogo franco y técnico, con los ministros sectoriales y el Superintendente de Servicios Públicos. Estamos promoviendo la actualización de estas normas, apropiando los últimos desarrollos tecnológicos y construyendo sobre lo construido, reconociendo los avances en cobertura, calidad y mejores precios posibles por parte de las empresas públicas, mixtas, privadas y comunitarias, en beneficio de los usuarios, cumpliendo normas vigentes.
Además, de manera imprecisa, dijo que las normativas vigentes “pusieron en un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle” y que “las tarifas son fijadas arbitrariamente por las empresas”, desconociendo que este sector está totalmente regulado, con las aplicaciones rigurosas de metodologías definidas por las comisiones de regulación, primando lo técnico sobre lo político en pro de los usuarios.
Sorprende que se quiera poner a los prestadores como enemigos de los usuarios, cuando desde el inicio estos son el centro, eje y palanca del sector. La participación ciudadana en los Comités de Desarrollo y Control Social puede seguir avanzando para mejorar la calidad del servicio, procurando que no se generen incrementos superiores a la inflación, propósito compartido por las empresas al mejorar los indexadores, sin poner en riesgo la suficiencia financiera, condición indispensable para poder seguir garantizando su prestación, al evitar apagones y racionamientos, lo que ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de los colombianos.
Es clara la inconveniencia de incentivar movilizaciones ciudadanas financiadas con el presupuesto nacional, más en época preelectoral, para presionar el trámite de las reformas en curso. Para los congresistas están generando un efecto contrario al buscado. Nuestro llamado es a realizar el adecuado debate y que durante su trámite sean considerados los estudios rigurosos para alcanzar las mejores normas.
Tras las manifestaciones innecesarias y costosas, el gran logro fue una mayor polarización que derivó en ataques demenciales a medios de comunicación e invasiones de tierras, por parte de algunos activistas, al sentirse empoderados y protegidos para hacerlo. Penoso observar que en algunos titulares en las redes sociales el mensaje final fue: “no vine porque quise, sino porque a mí me pagaron”.
