Camilo Sánchez, Presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Apareció otro factor de perturbación en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC cuando un sindicato del sector gas natural anunció su intención de llamar a huelga a sus trabajadores de forma contraria a la normativa existente. Afortunadamente lograron un acuerdo.
Respetamos la libertad de asociación amparada constitucionalmente y las medidas que tienen los trabajadores para entablar negociaciones tendientes a sus reclamaciones laborales. Sin embargo, la propia Carta Magna ha dispuesto en el artículo 56 la exclusión expresa del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, estableciendo un límite claro para este propósito.
En los servicios públicos domiciliarios el artículo 4 de la Ley 142/94 establece que para los efectos de la correcta aplicación del inciso primero del mencionado artículo 56 constitucional, todos los servicios públicos domiciliarios y los complementarios definidos en la ley se consideran servicios públicos esenciales. También, los servicios TIC, están cobijados.
La prestación de servicios tiene un alto grado de complejidad e interacción de muchas variables para garantizar las necesidades básicas de los usuarios. Por lo tanto, permitir, así sea de manera parcial, el derecho de huelga en este sector terminará afectando la forma como se ofrece el servicio, tanto desde lo operativo, mantenimiento, inversión y administrativo del mismo. Adicionalmente abriría la puerta para extenderse esta equivocación evidente a todos los servicios, con daños incalculables.
Este sector se rige bajo el principio de eficiencia, no es posible desagregar como ‘costos no necesarios’ actividades que forman parte de la cadena de valor de las empresas, y por lo tanto no es dable hacer una separación sin poner en riesgo el desarrollo total de la operación.
Nuestro sector ocupa cerca de medio millón de trabajadores con un altísimo grado de formalidad, y con condiciones salariales y de seguridad muy por encima del promedio.
Imaginémonos por un minuto no contar con el suministro de energía y gas por una situación de huelga; o que falle la provisión de agua potable y la disposición de excretas; o que no sean recogidos los residuos sólidos o que la interconexión de las TIC se vuelva intermitente, afectando la comunicación entre los hogares, perturbando a todo el aparato productivo y por ende, contribuyendo negativamente al crecimiento económico del país.
Basta ver lo que sucedió en París con la pasada huelga de los residuos y sus daños tan fuertes para la ciudadanía y economía, debemos aprender y no repetir los mismos errores. Estas medidas afectan la seguridad jurídica e inversión, constituyéndose en un retroceso en la garantía de los derechos fundamentales de la población.
Pretender que la lucha de unos pocos pueda ir en contra de la gran mayoría, así parezca una buena causa es un grave error. No abramos esta caja de Pandora.
