Camilo Sánchez, Presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Se había acordado con el Gobierno construir consensuadamente la actualización de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Infortunadamente, vemos que existe una propuesta de proyecto para ser presentada al Congreso que desconoce gran parte de lo avanzado, asunto que nos preocupa.
Están olvidando que el principio esencial de participación pública, privada y mixta en igualdad de condiciones bajo el derecho privado con postulados de suficiencia financiera, universalidad, control social, eficiencia y solidaridad a través de subsidios y contribuciones ha garantizado el servicio de hoy y del mañana.
Atribuirle directamente la función reguladora al presidente, en la práctica, implica un desmantelamiento de las comisiones de regulación y sus funciones técnicas. Esta discusión parecía tema superado debido a recientes fallos del Consejo de Estado, además de que el Gobierno tiene mayorías absolutas en cada una de las comisiones y sólo falta nombrar algunos miembros en propiedad con experiencia probada.
Otro retroceso es plantear los mínimos vitales en todos los servicios, incluyendo las TIC, sin precisar claramente las nuevas fuentes de financiamiento que los hagan viables sobre todo en momentos de estrechez fiscal y decrecimiento económico. No hay recursos que puedan soportar esta propuesta, lo que pone en riesgo la suficiencia financiera de las empresas.
Aumentar las facultades de la Superintendencia de Servicios Públicos, incluyendo el ejercicio de funciones jurisdiccionales, con un poder absoluto y sancionatorio a través de multas confiscatorias sin criterios claros de dosimetría y siendo juez y parte, podría desembocar en arbitrariedades e ineficiencias en perjuicio de usuarios y empresas.
Las TIC, por sus características de prestación y particularidades tanto en lo regulatorio como en lo técnico, por sus entidades de regulación y vigilancia, más las reglas de competencias a las cuales están sujetas, entre otras, no deben estar incluidas, en ningún caso, en este proyecto. En la práctica estamos mezclando ‘peras con manzanas’ cuando este sector no tiene subsidios implícitos y cuenta con elementos como neutralidad de red, asignación del espectro e individualización de los usuarios.
Es inconveniente seguir enrareciendo el clima de inversión en el país cuando estamos en procesos complicados en salud, laboral, infraestructura y pensiones. Por un problema coyuntural de tarifas no se puede poner en riesgo el sector de servicios públicos que ha funcionado exitosamente en los últimos 30 años.
Lo que funciona no se destruye, se mejora y este proyecto podría desnaturalizar todo el modelo, generando caos e incertidumbre, perdiendo además el foco que en este momento debe ser lograr pasar el fenómeno de El Niño con éxito. Bien lo mencionó un exfuncionario del Gobierno actual al afirmar que hay una desconexión entre ideales y practicidad. No desconocemos que hay que mejorar y por eso hemos dicho que es necesario no destruir lo bien construido. Siempre hemos estado dispuestos al diálogo argumentado y consensuado. No hay que llegar primero sino hay que saber llegar.
