Comunicado de prensa
Bogotá, 21 de septiembre de 2023. Considerando la Asamblea de Usuarios convocada y realizada por el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la ciudad de Santa Marta, desde los gremios del sector eléctrico y de gas natural, nos permitimos respetuosamente diferir de varias de las afirmaciones realizadas en este espacio y compartir algunas aclaraciones:
Entendemos con claridad los enormes retos de la actual coyuntura, sabemos que esta demanda cambios, y al igual que el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, comprendemos que todos, incluidos actores del sector público, y también del privado, debemos ser agentes de cambio, construyendo sobre lo construido. Desde el inicio de este Gobierno, como representantes del sector, hemos estado dispuestos al diálogo con el Ministerio de Minas y Energía, inicialmente con la Ex – Ministra Irene Vélez, y hoy con el Ministro Omar Andrés Camacho.
En ese sentido, entendemos y celebramos el acercamiento del Gobierno con las organizaciones sociales, pues estas son fundamentales para construir un consenso en función de un país mejor, pero tal cercanía debe basarse en argumentos y hechos ciertos, y no emplearse para destruir lo ya avanzado y/o para justificar cambios sustentados en afirmaciones no fundamentadas. Hacemos un llamado a la verdadera conciliación, el respeto de todas las partes y la despolitización de temas de alta complejidad técnica, económica, social y jurídica, más aún en el periodo electoral que vive el país.
Aunque hay cosas que mejorar, el énfasis debe estar en la causa en lugar del síntoma; el enfoque debe estar en mejorar las condiciones de la población, y generar nuevos empleos para que los ciudadanos tengan la capacidad de pagar sus servicios y necesidades, o en su defecto en captar mayores recursos para apoyar a los usuarios con el pago de sus facturas, sin comprometer la confiabilidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Como gremios del sector estamos dispuestos a compartir visiones para en compañía del Gobierno, los usuarios y los sectores sociales, seguir construyendo y avanzando hacia la Colombia que todos queremos.
Sobre los asuntos específicos tratados consideramos:
1. Estigmatización del sector privado: Rechazamos la estigmatización de las empresas que prestan los servicios públicos, en especial del sector privado. Cabe recordar que antes de 1994 el Estado no tenía la capacidad para prestar los servicios públicos con confiabilidad y calidad, entre otros, al punto de sufrir un apagón y de comprometer el 30% de la deuda externa del país en la construcción de infraestructura eléctrica. Así mismo, está demostrado que gran parte las empresas que se encontraban a cargo de gobiernos locales sufrían corrupción que impedía la inversión y mejora del servicio. Hoy, gracias a la Ley de Servicios Públicos, hay empresas de propiedad pública, privada y mixta que le han permitido al Gobierno cumplir su obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos, con resultados contundentes de mejora en cobertura, confiabilidad y calidad. Es completamente legítimo y razonable que las empresas reciban unos incentivos y una retribución por ello, dadas las altas inversiones y riesgos que impone este sector. Pretender lo contrario sería regresivo y nos llevaría a situaciones similares a las vividas en los 90’s.
Ante las manifestaciones de no contar con las empresas en las discusiones que atañen al sector, respondemos ofreciendo nuestra disposición, conocimiento, capacidad y esfuerzo, para el desarrollo conjunto de propuestas de mejora, que beneficien al país, como lo hemos hecho históricamente, inclusive en el presente Gobierno, en iniciativas tales como el pacto por la justicia tarifaria, las comunidades energéticas y la transición energética justa.
2. Uso de los recursos de subsidios: Es una política de Estado apoyar a los usuarios más vulnerables en el pago de los servicios públicos. Una parte de dicho apoyo se cubre con las contribuciones que pagan los usuarios de estratos 5 y 6, comerciales e industriales y el déficit restante, aproximadamente $5 billones anuales, debe ser cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación. Las empresas prestadoras no se quedan con el dinero de los subsidios, por el contrario, lo aplican a los usuarios a través de las facturas de manera inmediata y luego el Gobierno se los paga, a través de procedimientos que garantizan la verificación de la actuación de los agentes; dichos pagos, en la mayoría de los casos, se demoran más de lo debido; de hecho, hoy se adeuda a las empresas por este concepto montos que datan del segundo trimestre del año.
3. Modificaciones de la Ley de servicios públicos: Como lo hemos dicho antes, la Ley 142 de 1994 ha permitido contar con más y mejores servicios públicos, y con una institucionalidad sólida con funciones técnicas e independientes para la elaboración de políticas, la planeación, la regulación y la vigilancia por parte del Estado. Si bien se requiere actualizar esta Ley se debe tener cuidado de no perder lo logrado, construyendo sobre lo construido. Estamos dispuestos a acompañar dicho esfuerzo, como de manera reiterada lo hemos indicado en diferentes espacios.
4. Fórmula tarifaria y factura: No es correcto afirmar que las facturas tienen una trampa, o que la regulación se ha hecho a espaldas de la gente. El país y el gobierno deben conocer que el cobro del servicio de energía resulta de la aplicación de una fórmula tarifaria que busca reconocer el costo de la prestación del servicio, actualizando periódicamente las variables de mercado. La opción tarifaria fue una ayuda que se prestó a los usuarios durante la pandemia para aliviar el impacto de las facturas en momentos de bajos ingresos por los aislamientos en los hogares, permitiéndoles pagar en un mayor plazo. Al respecto ya hemos remitido propuestas incluyendo que el gobierno aporte recursos directos y financiación suficiente para apoyar a los usuarios, en lugar de culpar a las empresas por aplicar una medida que, lejos de representarles ingresos, ha estrechado su caja y comprometido su suficiencia.
5. Techos solares y comunidades energéticas: Estas estrategias son adecuadas y hemos venido apoyando y trabajando en su reglamentación, desarrollo e implementación. Es importante que se indique a los usuarios los mecanismos y recursos con los que se avanzará en esta línea, los criterios de asignación y las garantías de continuidad y prestación del servicio para todos los ciudadanos.
Queremos ratificar que todos los usuarios están y seguirán estando en el centro de la gestión de las empresas, quienes hacen su mayor esfuerzo para prestar cada vez mejores servicios al menor costo posible. Si hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas, invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia. Mientras no existan tales evidencias, creemos que afirmaciones sin sustento tienden a minar la confianza en la institucionalidad pública y privada, lo que no es deseable en un mercado en donde dicho valor es fundamental, para garantizar el abastecimiento confiable y eficiente, en el presente y el futuro.
