Acaba de salir a comentarios de la opinión pública una iniciativa de la Comisión Europea que busca escuchar recomendaciones sobre el papel que puede jugar la libre competencia en la defensa del medioambiente y, en particular, en el cumplimiento del Pacto Verde Europeo.
El Pacto Verde es la hoja de ruta para transformar a Europa en una sociedad justa y próspera, en la que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y en la que el desarrollo económico esté alineado con el uso sostenible de los recursos. Entre otros propósitos de la agenda, se encuentra la descarbonización y reorganización del sistema de producción y uso de energía en el mundo –responsable del 75 % de la producción de emisiones–, la renovación de miles de edificios para hacerlos eficientes y amigables con el medioambiente, y el reenfoque del sistema de transporte –responsable del 25 % de las emisiones–.
De igual manera, la política verde apunta al remplazo de los vehículos particulares por unos de cero o mínima emisión y la implementación de la política agrícola “de la finca a la mesa”, que permitirá hacer más eficiente y sostenible la cadena productiva de alimentos (https://eur-lex.europa.eu; The European Green Deal).
A primera vista, el régimen legal de libre competencia no tendría un papel tan preponderante en la agenda del cambio climático y el desarrollo sostenible, y ciertamente no tan protagónico como las propias políticas públicas del sector ambiental. No obstante, son muchas las cosas que se pueden hacer tanto en libre competencia, como en protección al consumidor.
Para empezar, como es bien sabido, la libre competencia ayuda en el mejoramiento permanente de la calidad y los precios y, consecuencialmente, sirve para incentivar la innovación. En ese sentido, uno de los aspectos más eficaces para aumentar la innovación tecnológica necesaria para reducir las emisiones y lograr estándares de sostenibilidad está en la eliminación de barreras de entrada y la generación de incentivos para vigorizar la competencia en los sectores clave. Así, resulta esencial la generación de políticas destinadas al aumento de la competencia, dirigidas especialmente a la investigación científica aplicada a los sectores industriales relacionados con el ambiente.
Por su parte, las políticas y los criterios que rigen las llamadas ayudas de Estado podrían orientarse de tal forma que sean más permisivas o facilitadoras de aquellas ayudas dirigidas a empresas o productos que son amigables con el medioambiente y, en sentido opuesto, habrían de ser completamente restrictivas respecto de industrias que con su actividad provocan daños en el ambiente. De esa manera, se ve cómo el derecho de la competencia no tiene que ser siempre neutral o indiferente frente a otras políticas públicas.
De igual forma, es importante que la autoridad de competencia y otras autoridades asuman el protagonismo necesario en la proposición de la nueva política pública, ofreciendo seguridad jurídica con señales claras a la comunidad y a los inversionistas, de manera que cuenten con certeza sobre la agenda de mediano plazo.
En el campo de la protección al consumidor, también encontramos fuertes relaciones con la defensa del medioambiente. El Estado podría propiciar cambios culturales de gran calado a través de la implementación de incentivos al consumo preferente de productos reusables, reciclables y reparables.
Así mismo, y como se dice en la convocatoria de la Comisión Europea a que hemos hecho referencia (https://ec.europa.eu), mucho se puede hacer para estimular modelos de negocio basados en la renta de productos y en la cultura de compartir servicios y productos, a la manera de la economía colaborativa. También, el rol de las autoridades de protección al consumidor puede ser muy relevante en la proliferación de estándares que hagan más eficiente la producción y el consumo de productos de consumo masivo y que impacten favorablemente los indicadores de sostenibilidad.
José Miguel de la Calle
Tomado de Ámbito Jurídico
