Algunos sectores políticos y sociales del país han planteado la necesidad de que el Gobierno Nacional financie el pago total de los servicios públicos domiciliarios para la población afectada en medio de la crisis que se vive en el país por el coronavirus.
Sin embargo, durante un debate en la Comisión Sexta del Senado, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, explicó las razones por las cuales es imposible aplicar esta medida.
De acuerdo con la funcionaria, el presupuesto nacional funciona de la misma manera que el presupuesto de una casa y se debe entender que los ingresos del Gobierno Nacional son limitados y debido a la caída de los precios del petróleo y del carbón, van a disminuir.
Dijo además que el Estado ha tenido que incurrir en otros gastos, sobre todo en el sector de la salud, para poder atender la pandemia.
“No tenemos, desafortunadamente la posibilidad fiscal de pagarle las cuentas de la electricidad y el gas a todos los colombianos. No tenemos esa posibilidad por las restricciones fiscales que tiene Colombia, porque el ministro de Hacienda tiene que buscar plata para los alimentos, para aumentar las capacidades del sector salud, plata para el ingreso solidario y los 160.000 pesos que le están llegando a todas esas personas que no tienen apoyo del Sisben, ni de Familias en Acción”, indicó.
La ministra dijo que se han destinado unos recursos importantes para ayudar a los usuarios en todo el país, pero que ir más allá es imposible.
“Cuando nosotros vemos el valor de recaudo de la electricidad, es un valor muy significativo y por eso no es posible una gratuidad en los servicios públicos durante este periodo”, enfatizó.
En ese sentido, agregó que “hay que recordar que ya cubrimos un monto muy importante de estos recursos, que es el 60% del consumo básico de electricidad del estrato 1, el 50% del estrato 2 y el 15% del estrato 3. Además, en gas cubrimos el 50% del estrato 1 y el 50% del estrato 2”.
Según María Fernanda Suárez, estas ayudas le significan al Estado alrededor de 3 billones de pesos en electricidad y 620.000 millones de pesos en gas anuales, plata que sale del presupuesto general de la Nación, lo cual hace imposible destinar muchos más recursos para poder ofrecer la gratuidad en el pago de los servicios públicos.
