Camilo Sánchez, Presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Para evitar abusos de poder, las democracias tienen pesos y contrapesos. En Colombia contamos con poderes independientes: ejecutivo, legislativo y judicial, además de organismos de control, tribunales de cuentas e instituciones autónomas en diferentes ámbitos.
La Constitución de 1991, el gran acuerdo de sociedad que nos rige, estableció que, si bien debe existir cooperación entre las ramas del poder público, ninguna de ellas se subordina a la otra. El ejecutivo gobierna y ejecuta acciones definidas por normativas debatidas y votadas por el Congreso y verificadas su concordancia con el texto constitucional por la Rama Judicial. Igual sucede con las decisiones de los organismos de control: Contraloría, Procuraduría, Personería, Fiscalía, autoridades electorales, Banco de la República, entre otras.
Vemos con satisfacción que en las últimas semanas las distintas ramas del poder público están ejerciendo sus naturales competencias para salvaguardar este espíritu.
Un grupo ahora mayoritario de congresistas y partidos están haciendo respetar su fuero, discutiendo los Actos Legislativos y leyes en el escenario natural, el Congreso, exigiendo los debates adecuados con amplia difusión y discusión como debe ser y no en las calles.
En buena hora los controles de legalidad los volvieron a ejercer los jueces, tribunales y Altas Cortes, para definir si una decisión administrativa o legislativa está ajustada al ordenamiento jurídico vigente, como por ejemplo la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto presidencial que asumía delegaciones regulatorias, desplazando a las Comisiones competentes, sin respetar la reserva legal que solo puede ser objeto del Congreso. También revisar si un determinado trámite cumplió con los tiempos expresamente definidos, o un proyecto de ley debe ser tramitado ordinaria o estatutariamente; o establecer si modificar órdenes de aprehensión u otorgar una libertad determinada corresponde a una instancia judicial o simplemente a un acto administrativo.
Resaltamos la reciente decisión de la Corte Constitucional que, unánimemente, definió que puede suspender, antes de tomar una decisión de fondo, una ley aprobada, por no cumplir los estándares constitucionales, para evitar daños irremediables y retrocesos en los procesos.
Este sano equilibrio, permite avanzar y crecer con equidad, preservando el espíritu democrático. El balance entre pesos y contrapesos garantiza seguridad jurídica, estimula la inversión alejando el fantasma del abuso de poder y consolida el Estado Social de Derecho. Por lo tanto, no constituye de manera alguna, una retaliación frente al gobierno de turno, pero si lo obliga a respetar la institucionalidad por encima de la ideología.
Para una sana democracia estas dinámicas son positivas. Son garantía de igualdad y neutralidad ante el Estado; no hay estados de opinión ni presiones en las calles. El respeto profundo por la Constitución y la Ley son la base de nuestro devenir republicano. Hoy más que nunca es vigente la frase de Santander, “las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad”·
