A propósito del robo de 300 metros de cable de cobre que sufrió hace una semana ETB que contenían 1.200 líneas telefónicas, y que posteriormente registró la captura de cinco personas que al cometer este ilícito dejaron sin internet a más de 400 clientes en los sectores de San Cristobal y Toberín en Bogotá, Andesco reitera el llamado a las autoridades para reforzar las consecuencias de este tipo de hechos.
El gremio del sector de los servicios públicos lamenta y condena este tipo de prácticas que impactan negativamente a los habitantes y a la economía del país. Este problema que se ha vuelto recurrente ha venido afectando sobre todo a la industria de las TIC, ya que en el periodo 2010-2023 se incrementaron los robos en un 35,4%, generando una pérdida aproximada de $13.250 millones y la afectación a medio millón de usuarios anualmente, causando cortes del servicio en espacios de una hasta 48 horas.
“No se entiende que el juez de garantías haya decidido dejar a los responsables del acto ilícito libres, al considerar que se trató de un delito menor, esto lo único que motiva es a la reincidencia. Desde Andesco hemos venido denunciando hace meses este tipo de prácticas que afectan a los usuarios, ya que impactan directamente tanto el bienestar como la economía de los colombianos”, aseguró Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
Asimismo, recordó que desde la agremiación también se ha solicitado en varias ocasiones que el Estado actúe y se comprometa con los diferentes operadores de servicios públicos para desarrollar actividades que prevengan y disminuyan este flagelo. “Es necesario que se creen grupos elite para la persecución de estos crímenes en el interior de la Policía y Ejército, así como la Unidad de Especial de Delitos contra los servicios públicos por parte de la Fiscalía; pero que, además, las consecuencias y penas sean severas y acordes al delito que se está cometiendo”.
