Es clave que las juntas directivas dejen de ser un comité de aplausos integrado por subordinados del nominador.
En el marco de los 25 años de la ley 142 de 1994, hemos venido reiterando que a partir de su expedición, hubo un verdadero cambio en la prestación de los servicios públicos. Hoy contamos con más y mejores servicios.
Los indicadores del censo 2018, reflejan que la cobertura de acueducto a nivel nacional es de 86,6% y de alcantarillado 76,3%. Adicionalmente, del último estudio sectorial de acueducto y alcantarillado publicado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se evidencia una mejora en los indicadores de gestión de las empresas, tales como la continuidad –a nivel nacional– en cabeceras urbanas, la cual es de 22,3 horas de suministro al día o el nivel de pérdidas de agua de 41% que de hecho refleja una disminución de 3 puntos porcentuales frente al 2017.
Sin duda, el esquema institucional, las señales regulatorias y las inversiones por parte del Estado, han permitido mejorar cobertura, calidad y continuidad de la prestación de los servicios y promovido la inversión pública y privada sectorial, donde las empresas han sido las ejecutoras de estos propósitos.
Es importante indicar que los servicios de acueducto y alcantarillado son del orden local, por sus mismas características. La reflexión que cabe aquí es que hay una brecha por cerrar desde el punto de vista institucional y técnico.
Dos aspectos que imponen el actuar empresarial para esta consolidación, se concentran en la inversión en hogares para que se conecten realmente a los servicios y en un adecuado esquema de gestión y gobierno corporativo de los prestadores.
No tiene sentido que pasen las redes matrices de acueducto y alcantarillado frente a las viviendas y estas no tengan acceso al servicio. Por eso, hay que avanzar en el tema de las conexiones intradomiciliarias las cuales generan bienestar dignificando las condiciones de vida de los beneficiarios.
Adicionalmente, los gobiernos nacional, departamental y municipal deben trabajar de la mano, entregando y unificando los subsidios para realizar mejoras locativas especialmente en la adecuación de baños y cocinas en las viviendas de estratos uno y dos. Con inversiones pequeñas de menos de 15 millones de pesos por vivienda, se logra un impacto positivo y real para disminuir la vulnerabilidad de los habitantes y generar condiciones para salir de la pobreza multidimensional.
Otro tema a profundizar es el monto establecido de espacio fiscal para el denominado mecanismo “Obras por impuestos” que se viene desarrollando de manera satisfactoria y eficiente, agilizando iniciativas y dinamizando la economía en áreas apartadas del país que no habían tenido dichas oportunidades; con la ampliación del espacio fiscal se aumentaría la ejecución vinculando más actores, no solamente las grandes empresas, sino también las medianas podrán hacer uso de este mecanismo.
Además, sería importante permitir su aplicación no solamente en las Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), sino en otras regiones donde el gobierno estime conveniente estimular estas acciones.
El otro aspecto fundamental está en contar con políticas de Gobierno Corporativo, este término a pesar de implicar una aproximación sistémica por parte de los dueños de las empresas, (públicas, mixtas y privadas) y de sus administradores, normalmente es asociado a la forma de mitigar el riesgo político dentro de este tipo de organizaciones.
El Gobierno Corporativo se soporta en construir sobre lo construido, la planeación de mediano y largo plazo y que los cambios obedezcan, dentro de un concepto meritocrático a un proceso de mejora continua, obviamente conectados a la agenda de desarrollo de los gobernantes.
Es clave que las juntas directivas, dejen de ser un comité de aplausos integrado por subordinados del nominador, sino que se den discusiones con independencia, autonomía y rigor técnico.
Colombia ya ha iniciado este camino con la entrada del país a la OCDE; se ha confirmado su compromiso de seguir los lineamientos de gobierno corporativo para lograr el real desarrollo económico sostenible. Esto requiere el establecimiento de reglas claras y transparentes de relacionamiento entre la dirección de las empresas, sus juntas directivas, los propietarios y los demás grupos de interés.
Doce de las principales empresas de acueducto y alcantarillado del país, en septiembre de 2019, firmaron la “Acción Sectorial por la gobernanza y eficiencia empresarial”, esta iniciativa voluntaria, apoyada por el BID y la embajada de Suiza en Colombia, muestra que la autorregulación es viable y eficaz como herramienta de transformación de la gobernanza de las empresas.
Este proceso se debe consolidar durante los próximos años y es un mecanismo para medir resultados frente a la implementación de buenas prácticas en términos de responsabilidad empresarial, gestión de grupos de interés, gestión ambiental, eficiencia en el manejo de recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control interno reales y transparentes.
Aunque se considere que la solución sea obligar a las empresas a implementar el gobierno corporativo, esto puede resultar en una gran equivocación. El reto, es hacer estos objetivos realidad e incentivar a las empresas a que inicien voluntariamente el camino, independiente de su naturaleza, tamaño y de los cambios que se presenten en las administraciones municipales.
Este último punto es altamente relevante para que se generen mejoras en la gestión; es importante que la iniciativa nazca y se geste desde los propietarios y los administradores de las empresas que son quienes conocen las particularidades de la prestación de los servicios, solo así, las empresas de acueducto y alcantarillado podrán seguir contribuyendo al cierre de las brechas, teniendo en cuenta los distintos niveles de prestación de servicios que reciben los usuarios del país, para que los resultados no sean solo fríos triunfos estadísticos que no perciben realmente los usuarios y las regiones.
Camilo Sánchez Ortega
Presidente de Andesco
Para Portafolio
