La Cámara Colombiana de la Energía rechazó esta decisión al considerar que es “un asunto de primera necesidad social”.
La caída de la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional trajo como consecuencia el aplazamiento de la subasta de Electricaribe, que se esperaba realizar en diciembre. El nuevo dueño de la empresa, en la que el Gobierno ya ha invertido $1,5 billones, deberá esperar a que se surta el trámite de la nueva tributaria en el Congreso de la República.
Según Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, la decisión del aplazamiento se tomó para darle mayor certeza jurídica a las empresas interesadas. Además, reveló que entre las garantías para compra y pagos de energía, y recursos adicionales se llegan a los $1,5 billones que ha desembolsado el Gobierno.
La funcionaria explicó que, tras la declaración de inexequibilidad, se concluyó que varias de las normas iban a tener un impacto en la valoración de la compañía, al no tener vigentes beneficios como las reducciones en el impuesto de renta o la tarifa especial para las megainversiones.
“Esto nos pone en un escenario que nos deja en una diferencia de valoración de medio billón de pesos que generaría una diferencia en el valor que los inversionistas tendrían que castigar en la oferta vinculante que nos hagan”, explicó. Bajo el nuevo cronograma, la presentación de sobres de oferta se realizará el 20 de febrero de 2020, la subasta por el mercado completo el 26 de febrero y por los mercados segmentados el 28 de febrero.
Según Avendaño, si no se llega a aprobar la Ley de Financiamiento, se harán las ofertas con la valoración de la empresa teniendo en cuenta las normas tributarias que estén vigentes en ese momento. “Los seis precalificados han tenido una interacción permanente, han mantenido su interés, algunos con mayores consultas que otros, pero podemos decir que hemos mantenido y hemos visto el interés de los participantes”, agregó la funcionaria.
Pese a los cambios, la idea del Gobierno es que no se altere el objetivo de entregar en los primeros cuatro meses del año la operación de Electricaribe. La Cámara Colombiana de la Energía, a su turno, rechazó esta decisión al considerar que es “un asunto de primera necesidad social”. Carlos Zarruk, presidente de la Cámara, dijo que “ya se han presentado varios aplazamientos de la fecha para la toma de decisión y no es conveniente seguir dilatando el proceso de adjudicación”.
