Camilo Sánchez, presidente de Andesco y CGN
Tomado de Portafolio
Quiero llamar la atención acerca de la actuación del superintendente de Servicios Públicos Yanod Márquez, quien desde su llegada ha convertido dicha institución técnica en un escenario político, cambiando a la mayoría de los funcionarios de la anterior administración del actual Gobierno, reemplazándolos, sin meritocracia, por personas con escasos conocimientos sectoriales, generando bloqueos para resolver problemas críticos e inaplazables.
Extraña cómo la entidad pasó de tener siempre un diálogo fluido y respetuoso con usuarios, empresas y gremios, a no tener reunión alguna con los gremios sectoriales quienes somos los mejores aliados para ayudar a solventar problemáticas apremiantes.
Un tema álgido es el caso de la intervención de Air-e realizada por el Gobierno. Estamos ad portas de que estalle en sus manos un problema sistémico. Preocupa que en menos de nueve meses ha habido cuatro agentes interventores. De hecho, el último reemplazo cambia a una profesional designada por el actual ministro de Minas y Energía, quien venía exigiendo a la Superservicios la apropiación de recursos del Fondo Empresarial para prestar el servicio. En ese lapso, se ha pasado de tener un déficit financiero de $500 mil millones, previo a la intervención, a aproximadamente $1,5 billones en la actualidad, lo que muestra ineficiencia y falta de gerencia.
De colapsar Air-e no solo será un problema gravísimo para la Costa, sino en general para todo el sector eléctrico nacional. No se están haciendo inversiones en redes, ni pagando a los generadores ni proveedores, incluso hay riesgo de incumplir con la nómina, lo que afecta el servicio y aumenta el riesgo de apagones físicos y financieros.
El pasado 10 de junio presentamos en detalle toda la problemática ante el contralor, el viceprocurador y el ministro de Hacienda; es evidente que la Superintendencia brilla por su falta de ejecuciones y resultados.
Pero nos preocupa que se dan acciones desproporcionadas y con prejuzgamiento, alejadas del debido proceso de vigilancia, para con muchas empresas, especialmente privadas, como en el caso reciente del servicio de gas, que prácticamente las ponen en la picota pública por amenazas de intervención injustificadas para mostrar falazmente que sí están realizando gestión.
Sin duda los prestadores deben estar sujetos a vigilancia y control. Por ello, invitamos al Gobierno a que le exija al superintendente que recupere el rumbo técnico, porque de lo contrario los servicios públicos se desmejorarán.
Como vamos, vamos mal, para que no nos digan después que no lo advertimos a tiempo.
PD: Excelente noticia que ante una Acción Popular, el Tribunal de Cundinamarca ha dictaminado de manera general y perentoria que hay que asignar recursos para el pago de los subsidios.
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