Nuestro mensaje de no permitir poner en riesgo la sostenibilidad financiera de los prestadores de servicios públicos ha tenido eco y respuesta acorde con el ordenamiento constitucional y legal. El Gobierno Nacional y los mandatarios locales así lo han comprendido y comunicado.
Estos días de emergencia, inéditos por la cuarentena, han servido para entender que estamos en una situación de indefensión que impone comportamientos responsables para no incrementar la condición de riesgo.
Las medidas adoptadas, que respaldamos, implican una actuación conjunta para frenar la movilidad del agente contagioso y generar el cuidado de unos a otros, en especial de las personas más vulnerables de todo tipo. Es fundamental la solidaridad y la unidad de mando en cabeza del Presidente de la República, coordinado con las regiones.
Es difícil un aislamiento sin acueducto, alcantarillado, aseo, gestión de residuos, energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones y televisión. Nuestro mensaje de no permitir poner en riesgo la sostenibilidad financiera de los prestadores ha tenido eco y respuesta acorde con nuestro ordenamiento constitucional y legal. El Gobierno Nacional y los mandatarios locales así lo han comprendido y comunicado.
En servicios públicos hay un esquema de subsidios y contribuciones que afianzan el concepto de solidaridad; los hogares de estratos bajos pagan mensualmente un valor menor dependiendo del servicio; por ejemplo, para estrato uno, solo pagan entre el 30% y el 50% de lo que realmente costaría, mientras que los estratos altos y el sector productivo contribuyen con un valor mayor. Si estas contribuciones no alcanzan a cubrir toda la cuenta, corresponde a los presupuestos oficiales saldar el déficit. Ya se cuenta con un esquema de apoyo estatal y empresarial a los ciudadanos.
