Camilo Sánchez, presidente Andesco y del CGN
Tomado de Portafolio
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), de manera express, con poco análisis, sin soportes y limitadas garantías para la participación, propone expedir nuevos marcos tarifarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Los aplicarán a los prestadores de estos servicios, que atienden a más del 80% de la población, por una vigencia de al menos 5 años. Este tema trascendental y prioritario está siendo tramitado como si fuera un asunto menor.
Mantener el servicio con altos estándares de prestación exige garantizar los recursos que soporten todas las inversiones y actividades operativas requeridas, adoptando metodologías tarifarias donde aporten todos los actores involucrados.
Si bien la CRA ha abierto la participación ciudadana por el plazo mínimo de tres meses, esperamos que el proceso no se agote en ese tiempo, pues en ejercicios anteriores la complejidad de estos marcos ha llevado a nuevas publicaciones y ampliaciones (que superaron los 12 meses) para garantizar una participación efectiva.
Adicionalmente, faltan soportes técnicos en las propuestas. En aseo, por ejemplo, se establece un precio máximo que se cobrará a las actividades que componen el servicio, sin análisis técnico de los costos, ni de los impactos en las tarifas e ingresos de los prestadores y sus efectos en la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.
Hay contradicciones en las propuestas, de hecho, incluyen nuevas obligaciones en temas ambientales, sin tener incluso competencia legal para hacerlas, exigiendo a los prestadores realizarlas sin reconocimiento de costos, lo cual impacta la suficiencia financiera, poniendo en riesgo las inversiones sectoriales presentes y futuras.
Reiteramos la inconveniencia de no tener elementos técnicos suficientes para expedir simultáneamente dos marcos tarifarios. Esto pareciera ser producto de una actitud premeditada, buscando crear el caos y la quiebra de muchas de las empresas prestadoras, cuya gran mayoría son municipales. De generarse el deterioro en estos servicios esenciales, serán los alcaldes quienes tendrán que responder al ser los garantes de su prestación.
Desde Andesco hemos presentado a la CRA todas las inconsistencias, y de persistir esta propuesta inconveniente, seguiremos denunciando y recurriendo a las acciones necesarias, para evitar que este sector se ponga en riesgo por improvisaciones y decisiones ideológicas antitécnicas, que solo buscan réditos electorales en las próximas elecciones.
Solicitaremos al procurador su participación efectiva para proteger a los usuarios, quienes serán, por estas malas decisiones de la CRA, los mayores perjudicados. No sobra recordarles a estos funcionarios que son responsables de las consecuencias que se generen, y deberán responder ante la justicia y el país por sus decisiones.
¡Seguiremos atentos informando!
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