Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del CGN
Tomado de Portafolio
Está demostrado que, a partir de argumentos serios y rigurosos, basados en datos y estudios confiables, mejores decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana.
Desde 1994, el marco legal ha incentivado la inversión, permitiendo tener más y mejores servicios en competencia, con oferta y demanda funcionando adecuadamente y una política de participación en igualdad de condiciones público-privada, sin ideología, evitando que primen decisiones políticas sobre lo técnico. Por esto es erróneo tratar de bajar tarifas a través de leyes y normas, porque ponen en riesgo la suficiencia financiera de las empresas, como sucedió en otros países afectando negativamente a los usuarios.
Este semestre poco o nada se habló del comportamiento de las tarifas de servicios públicos, porque en todos han disminuido comparadas con el IPC del año anterior y no propiamente por políticas gubernamentales, sino porque la regulación vigente y el mercado han operado adecuadamente sin norma adicional alguna.
Hasta junio del 2025, la inflación de servicios públicos continúa con tendencia a la baja, con -9,72% comparado con +10,59% del mismo mes de 2024. En energía eléctrica, la variación anual terminó el mes pasado en -4,81%, recuperándose del incremento 19,1% del año anterior lo cual es impresionante, debido a mayores lluvias que aumentaron la oferta hidroeléctrica y a la reducción del indexador de contratos (IPP). Preocupa que la demanda de energía sigue creciendo y la oferta está estancada, porque los proyectos de generación y transmisión siguen en el papel por procesos de consultas y trámites ambientales.
En acueducto disminuimos de 7,9% a 6,89%, y qué no decir del alcantarillado que pasó de 9,28% a 4,58%. Aseo bajó de 11,6% a 9,86%, sabiendo que existe un sobrerregistro en las toneladas de aprovechamiento. En TIC, los servicios fijos, móvil e internet tienen una variación de solo 0,24%, mientras que en 2024 fue 0,79%; el servicio de TV por suscripción cambió de 3,56% a -0,34%. Como se observa, las cifras hablan contundentemente por sí solas.
La muestra de que una mala decisión afecta negativamente a los usuarios se ve claramente en gas por las políticas gubernamentales de no suscribir nuevos contratos de exploración bajo el discurso del cambio climático, ni integrar oportunamente nuevas fuentes, lo que exigió importar más gas a costos mayores, para el consumo industrial y residencial; por esto el gas natural se incrementó 19,51%, mientras que en junio de 2024 era 2,14%; ojalá que con los nuevos hallazgos recuperemos nuestra soberanía energética.
Los que saben de negocios dicen: si funciona, no se cambia. Este último año de Gobierno será el punto de inflexión para impedir que por intereses electorales se destruya lo construido con tanto esfuerzo. Será el todo o nada.
