A un año de que la Corte Suprema declaró esta región como sujeto de derechos, este es el panorama.
Este viernes se cumple un año desde que la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonia colombiana como sujeto de derechos; es decir que esa vasta región –así como algunos ríos (el Ganges en India, el Whanganui en Nueva Zelanda y el Atrato en Chocó) y ciertos ecosistemas (como el parque Te Urewera y el páramo de Pisba)– es una entidad natural a la que todos los ciudadanos podemos exigir su protección. Pese a la decisión histórica, los 25 niños, niñas y jóvenes que interpusieron la acción de tutela para frenar la deforestación y sus consecuencias sobre el cambio climático, aún no ven avances en el cumplimiento de la sentencia.
Según su representante legal, el cofundador de Dejusticia, César Rodríguez, el balance es “heterogéneo”. Por un lado, la sentencia ha tenido un “efecto simbólico importante”, al lograr avivar un debate público alrededor de la pérdida galopante de bosque natural en Colombia. Sin embargo, al abogado le preocupa “la falta de voluntad política” de este nuevo gobierno y la inacción de algunos funcionarios y entidades.
“Hay una distancia grande entre que le hagan un saludo simbólico al fallo y que tomen las medidas y las conductas necesarias para avanzar realmente”, le dice a EL TIEMPO.
De hecho, las imágenes aéreas de la densa selva mordisqueada, con focos de incendios, vacas, palma africana, cultivos ilícitos, minas y carreteras serpenteándola cada vez se vuelven más aterradoras. Esa mancha verde que actualmente cubre el 52 por ciento del territorio nacional está desapareciendo frente a los ojos de todos.
El último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señala que en 2017 Colombia perdió cerca de 220.000 hectáreas de bosque, eso equivale a 25 hectáreas –con una gran diversidad– que desaparecen cada hora.
En la sentencia 4360 de 2018, la Corte le ordena a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Sistema Nacional Ambiental (Sina) y la participación de los accionantes, las comunidades afectadas y la población interesada, que en un plazo de cuatro meses (que venció en agosto pasado) se elabore un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (PIVAC), cuyo propósito es adoptar medidas encaminadas a “reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera”.
La tarea de proteger los derechos de las generaciones futuras, al agua, a un ambiente sano, a la salud y a la vida, quedó frenada. Según Dejusticia, el Ministerio de Ambiente pidió una prórroga de 10 meses apelando a que quería tener un proceso participativo para construir el documento, pero en los últimos 8 meses los accionantes no han sido convocados a ninguna reunión. “Presentó un cronograma pero no determinó ni los tiempos, ni los responsables, ni el presupuesto”, asegura el colectivo.
La otra orden que dio la Corte está dirigida particularmente a los municipios de la Amazonia colombiana, que deben actualizar e implementar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Aunque los niños y jóvenes demandaron 14 municipios, el alto tribunal se dirigió a los 81 que conforman la región.
De acuerdo con el monitoreo que ha hecho Dejusticia, debían hacerlo durante los cinco meses siguientes a la sentencia, pero “ninguno ha cumplido”, lo que se traduce en que no cuentan con estrategias claras para adaptarse al cambio climático y evitar que se arrase el bosque.
De igual manera, las corporaciones autónomas regionales (CAR) que tienen jurisdicción en la Amazonia (o sea Corpoamazonia, la CDA y Cormacarena) deben construir planes, que incluyan medidas policivas, judiciales o administrativas, para también frenar la deforestación en sus respectivas áreas de incidencia. Dejusticia indica que “si bien las tres autoridades ambientales afirman estar cumpliendo, en realidad no han presentado ante la Corte una hoja de ruta para la formulación del plan de acción que se les exige”.
Lo que sí alcanzó a hacer el anterior gobierno fue convocar cinco talleres regionales, realizados entre julio y agosto, para dialogar con las comunidades locales. De esos encuentros salieron insumos para elaborar la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques –‘Bosques Territorios de Vida’– el corazón del plan de acción para cumplir con las órdenes a corto, mediano y largo plazo de la sentencia.
“Adicionalmente se firmó el 6 de agosto de 2018 la directiva presidencial donde se definían responsabilidades y roles concretos para cada una de las carteras ministeriales y entidades de orden nacional”, asegura el exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo.
Tomado de El Tiempo
