Estamos ‘ad portas’ de que se reviva una de las peores herramientas extorsivas del Estado.
María Isabel Rueda
La velocidad con la cual este proyecto de reforma constitucional de la Contraloría avanzó, hasta encontrarse hoy a un solo debate de ser aprobado, debería haber prendido todas las alarmas. Como no ha tenido debate parlamentario, lo primero que a uno se le ocurre es que o todos los congresistas están insólitamente encantados de las bondades de la reforma, o que los apoyos se han venido cobrando en la trastienda burocrática de la Contraloría.
Pero ante el silencio parlamentario y el del propio Gobierno, del Fiscal y del Procurador, solo voces sueltas de algunos analistas se han aventurado a recoger las preocupaciones de la ciudadanía, principalmente de los gremios, que desde ya advierten que nos podría retroceder a las peores épocas de la corrupción administrativa del país. En eso andan Guillermo Perry, Armando Montenegro, Jorge Humberto Botero. Hoy me les uno. Estamos ‘ad portas’ de que se reviva una de las peores herramientas extorsivas del Estado.
La reforma la presenta el actual contralor, Carlos Felipe Córdoba, hombre joven y con chispa, que combina la defensa de su proyecto con graciosos chascarrillos como que “una cosa es un guayo para jugador y otra un jugador paraguayo”. O esta otra: que “no se trata de una asustaduría, sino de una frustraduría”. Entre sonrisas, ‘Pipe’, como se le apoda cariñosamente, niega rotundamente que se vaya a restablecer en Colombia el mecanismo del control fiscal previo, disfrazado eufemísticamente bajo el término control “preventivo y concomitante”. No nos ha logrado convencer. Al control previo le temblamos. Corrompió a la Contraloría, pero sobre todo al país, durante gran parte del siglo XX antes de su prohibición en la Constitución del 91. Muchos de sus protagonistas terminaron presos. El control previo llegó a rodearse de tal poder político que los entonces llamados ‘del grupo del Contralor’, según fuera el de turno, llegaron hasta a imponer desde la Contraloría a varios de los futuros presidentes de Colombia.
Pero sus funciones llegan mucho más ampliadas. Según la reforma, “Bajo su responsabilidad, podrá exigir verdad sabida y buena fue guardada” (es decir, sin necesidad del debido proceso) para proceder a la suspensión inmediata de funcionarios mientras las investigaciones o los procesos fiscales culminan. Significa que podrá ordenar suspender a gobernadores, alcaldes, ministros y demás altos funcionarios cuando al contralor le parezca. Más aún, podrá “ejercer la acción penal cuando la Fiscalía no lo haga en los seis meses siguientes al envío de los hallazgos”. Y también podrá ejercer “las funciones de Policía Judicial para la vigilancia del control fiscal”. Es decir que podrá ordenar interceptaciones y allanamientos. Y, además, imponer desde multas hasta suspensión a quienes no suministren la información que la Contraloría pida, sin que se pueda alegar que es privilegiada.
Hasta aquí hemos construido un reyezuelo. Con capacidad para vigilar, suspender, multar, covigilar la ejecución presupuestal y las inversiones del presupuesto público, y con el permiso de usurpar las funciones del Fiscal y de la Policía Judicial.
Y para robustecer su fortaleza, el rey Pipe ha ordenado que sus vasallos o funcionarios recibirán aumentos de sueldo; y que, mediante una ley, se ampliará la planta de personal de la Contraloría y se creará una nueva planta de carácter transitorio. Hoy cuenta con 4.288 funcionarios y dice que no da abasto sino para recuperar el 0,04 por ciento de lo que se le roban al patrimonio público.
Pero más presupuesto también habrá. El rey Pipe ha ordenado unas apropiaciones progresivas que incrementarán el presupuesto de la Contraloría durante las tres vigencias futuras, en 250.000, 250.000 y 136.000. Total, la Contraloría tendrá 636.000 millones de pesos más en tres años.
Y a quienes aspiraban a ver acabadas las contralorías territoriales –que el fallido referendo del gobierno de Álvaro Uribe no pudo eliminar a pesar de ser costosas, ineficientes y corruptas–, el proyecto garantiza autonomía y sostenibilidad financiera y administrativa para ellas. Es decir, no solo no se acabarán, sino que se reforzarán.
Como la eliminación del control previo fue considerada una de las grandes batallas ganadas en la Constituyente, no es improbable que si pasa esta reforma constitucional, como parece que ya pasó, la Corte Constitucional podría devolverla, ahí sí, por el motivo de ser una sustitución grosera del espíritu de la Constitución del 91.
Entre tanto… Convertido así el rey Pipe en uno de los más poderosos funcionarios del reino, no faltarán quienes digan, lenguas viperinas, que esta reforma es la primera cuota de su campaña presidencial.
MARÍA ISABEL RUEDA
Tomado de El Tiempo
