El MinTIC propició la expedición del Decreto 1974 del 29 de octubre de 2019. La norma trae nuevas reglas específicas y sectoriales de certidumbre jurídica que permiten estimular un mayor uso del esquema de asociaciones públicos-privadas (APP) en proyectos de base tecnológica. La idea es generar una gran cantidad de oportunidades para alcaldías, gobernaciones y otros entes territoriales, que se van a beneficiar al implementar desarrollo de asuntos estratégicos de base tecnológica. Las empresas proveedoras de tecnologías, plataformas, soluciones, aplicaciones y otro tipo de inversión, ponen el recurso, para cuando las entidades territoriales deban hacer actualizaciones tecnológicas, nuevos proyectos TIC y desarrollos de la economía digital que sean de interés y al servicio de sus comunidades.
El Decreto permite liberar la carga financiera del difícil proceso de presupuesto en entes territoriales, especialmente cuando el recurso público es escaso y complicado de asignar. Con esta nueva fórmula, que específicamente altera la Ley 1508 de 2012 con respecto a asociaciones para tecnología, el país tendrá un nuevo panorama financiero para poder digitalizar el servicio público, sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero, en contraprestación al tipo de acuerdo que se haga en cada APP. Los alcaldes y gobernadores electos ahora cuentan con una herramienta para dotar de tecnologías a los colegios, hospitales, cuerpos de policía, centros de servicios y otro tipo de infraestructuras.
También publicaron el borrador Conpes sobre Seguridad Digital, que tiene plazo para comentarios hasta el martes 8 de noviembre. Este documento busca, entre otras, la creación de la figura del Coordinador Nacional de Seguridad Digital, al frente de la Agenda Nacional de Seguridad Digital.
Desde su nuevo despacho buscará coordinar las herramientas de seguridad de los datos de ciudadanos, con varias entidades involucradas como la SIC, el MinTIC, la Policía, la Fiscalía, el MinDefensa y el DNP. Este Conpes pretende comenzar a trabajar desde enero de 2020 en la integración de todas las políticas, y el marco regulatorio para que el país se ponga a la vanguardia rápidamente con lo que está sucediendo en seguridad digital en otras latitudes. Los expertos de diferentes compañías y gobiernos han asesorado al MinTIC y al DNP en la elaboración adecuada del documento para que sea de implementación organizada. Se buscó un parecido a lo que sucede en países de alto desarrollo de Internet, que coincide con las peticiones de la Ocde. El apoyo fue tal, que en el segundo párrafo de la página 28, quedó explícito el nombre de una compañía multinacional tecnológica, comentario que seguro será borrado para la versión definitiva. En la industria, los competidores de esa compañía prefieren que nadie sea nombrado tan de frente. La otra opción, es nombrar todas las marcas, pero eso se ve poco elegante en un Conpes.
Con estos dos pasos, tendremos un estímulo a que recursos se inviertan en el proceso de digitalización en las regiones, sin desembolsar del presupuesto nacional. El marco de seguridad nos va a dar herramientas fuertes para defender el sistema de ataques, hackeos y otro tipo de delitos que aparecen con los piratas de los datos. Nuestro país muestra tendencia creciente en cibercrimen, así que debemos avanzar también en detenerlo. Ambos documentos son ruta del camino correcto a seguir siendo ejemplo tecnológico de la región.
Jorge Hernán Peláez
La República
