El acceso al recurso en el planeta es reflejo de desigualdades, y urge actuar para preservarlo.
El lunes pasado, como todos los años, la reflexión sobre el uso que el planeta le está dando al agua tuvo un espacio central con motivo del día mundial dedicado a este recurso vital. Por su innegable importancia, el ejercicio siempre va mucho más allá y termina situando la discusión en terrenos críticos, aquellos en los que se debate no solo el futuro, sino la posibilidad misma de supervivencia de nuestra especie.
Como en años anteriores, son alarmantes las cifras sobre el acceso al preciado líquido y las que dibujan escenarios futuros. Más de 2.000 millones de personas no cuentan con acceso a agua potable, y la cantidad de quienes no tienen saneamiento adecuado supera la mitad de la población del planeta. Ante esta cruda realidad, se ve lejana la posibilidad de cumplir con la meta fijada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU de lograr acceso universal a ambos servicios antes de 2030. Panorama que con la pandemia ha adquirido otros ribetes no menos preocupantes, dada la importancia de contar con infraestructura sanitaria.
A la luz de las cifras mencionadas, no es gratuito el calificativo de “fracaso moral” que le dio a la situación el turco Volkan Bozkir, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la apertura, esta semana, de una reunión para darles un nuevo impulso a las iniciativas en este frente. Antes del encuentro se había emitido una declaración firmada por 161 países que expresaban la voluntad de redoblar esfuerzos, pero sin compromisos concretos. “Es un fracaso moral que vivamos en un mundo con niveles tan altos de innovación técnica y éxito, y que sigamos permitiendo que miles de millones de personas estén sin agua limpia para beber o las herramientas básicas para lavarse las manos”, afirmó.
Igualmente crítico es el asunto de la disponibilidad del recurso en los años venideros a causa de la crisis climática. De nada servirá contar con infraestructura si la alteración de los ciclos naturales de lluvias en todo el planeta conduce a prolongadas sequías en numerosas regiones, así como inundaciones que dañan las redes de suministro al tiempo que contaminan los reservorios. Se estima que para el 2050 más de la mitad de quienes habitamos este planeta estaremos en riesgo de no contar con disponibilidad de agua. Para entonces, de no mediar profundas transformaciones en nuestros estilos de vida, la desertificación podría estar afectando el medio de vida de cerca de mil millones de personas. Son cifras que asustan.
Y es que al faltar la base de la vida, se dan como consecuencia desplazamientos que a su vez dan pie a otros problemas. De nuevo acá, quienes más sufren son los más vulnerables, poblaciones en los márgenes de la civilización, en territorios marcados por el conflicto, a cargo de gobiernos con prioridades muy diferentes a buscar el bienestar de su gente. Siguiendo con los cálculos de la ONU, estos han previsto que la falta de agua puede conducir al desplazamiento de hasta 700 millones de personas para el 2030, y que para el 2040 uno de cada cuatro niños podría habitar en lugares con carencias extremas del líquido.
Todo lo que se haga debe ser política de Estado, para que los esfuerzos prevalezcan. ¿Qué puede acaso ser más importante para un país que los esfuerzos para preservar lo que permite la vida
En lo que concierne a Colombia, los anuncios divulgados esta semana dejan ver que hay conciencia sobre el tamaño del desafío, por lo menos en asuntos claves. El lunes se dio a conocer el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, que pretende reducir la actual brecha entre el campo y la ciudad en la prestación de estos dos servicios. Habrá prioridad para las regiones de implementación del acuerdo de paz pertenecientes al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). En total serán 170 territorios. Se ha contado con cooperación internacional en materia tecnológica, sobre todo en La Guajira, donde los avances son notables, y se han destinado 1,3 billones de pesos para respaldar los diferentes planes de inversión en regiones y municipios. El Gobierno se ha fijado la meta de que de los 5 millones de colombianos sin acceso a agua potable que había en 2018, por lo menos tres millones ya cuenten con este servicio para 2022.
Ante este panorama, por más repetitivo que suene, hay que lanzar un nuevo llamado que alerte sobre la necesidad de actuar en todos los niveles y desde todas las instancias. A todos nos corresponde: con un uso racional del recurso, preservando cuencas y nacimientos, evitando contaminar afluentes, entre muchas otras acciones. Es hora, también, de que la planeación urbana asuma como principio rector el cuidado del agua. Y hay que entender que flagelos como el de la deforestación muy pronto pasarán factura con alteración de los ciclos de lluvias del país, conduciendo, si no se detiene la tala, a acelerar la desertificación de vastas regiones. Todo lo que se haga en este aspecto está llamado a ser política de Estado, para que los esfuerzos prevalezcan más allá de milimetrías e ideologías. ¿Qué puede acaso ser más importante para un país que los esfuerzos para preservar lo que permite la vida?
Tomado de El Tiempo
