El decreto que extendió el polígono para darle más espacio a comunidades indígenas de la Sierra Nevada, tiene en ascuas al sector energético del país.
La Upme ya comenzó a trabajar en el nuevo plan de expansión, pero la ‘Línea Negra’ definiría buena parte del mismo.
La ampliación de la llamada ‘Línea Negra’, que se ha convertido en una verdadera ‘papa caliente’ para el Gobierno Nacional, tiene en jaque la expansión del sistema energético nacional.
La ampliación que mediante decreto se hizo de la delimitación de territorios indígenas de Santa Marta hacia el norte del país, tiene frenados los proyectos con los que se busca mejorar el servicio de energía en la costa Atlántica, pues en la práctica cambia las rutas de transmisión y en algunos casos aisla a los generadores.
La razón es que mientras se define en detalle cómo quedaría trazada la línea que demarca la frontera del polígono (límite) que fue ampliado, proyectos de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena y de manera colateral a los demás de la Costa Caribe, se verían impactados.
Y ha copado la agenda del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), y es tema de estudio por parte del Ministerio del Interior y la Corte Constitucional.
GREMIOS
El nuevo trazado para el polígono de la ‘Línea Negra’ genera una gran expectativa entre los gremios del sector energético, ya que en buena medida hay piezas claves con las que se fortalecería el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
“La expansión de líneas que entrarían a hacer parte del sistema de transmisión es lo que más se ha visto afectado, sobretodo las que sacarían la energía de los proyectos de generación eólica y solar al centro del país y los departamentos de la Costa Caribe”, afirmó Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg.
El líder gremial indicó además que, mientras no se defina con claridad cómo quedaría conformado el polígono que abarca la ‘Línea Negra’, proyectos claves de fuentes renovables no convencionales también entrarían al congelador, porque si se desarrollan, al momento de entrar en operación no podrían entregar la energía que producen al SIN.
“No habría líneas por las cuales sacar toda la corriente que demandan los usuarios en el territorio nacional”, subrayó Castañeda.
En el mismo sentido, fuentes del sector de energías renovables señalaron que si bien la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) ha venido trabajando en un nuevo plan de expansión, todavía hay dudas serias con respecto a cómo quedaría trazado el polígono de la Línea Negra.
Sin embargo, la fuente consultada recalcó que dos variables demorarían la entrada de la expansión: la primera, que el documento del plan entre en ejecución, y segundo, que al momento de presentarse una licitación para el montaje de una línea de transmisión como Colectora 2, no queda claro cómo sería el trazado con “todo un polígono al frente de los proyectos”.
Por su parte Ángela Montoya, presidenta de Acolgen, ha venido señalando que la norma no da espacio a la certeza sobre qué sucederá con la operación en generación y transmisión. Ha reiterado que los proyectos eólicos y solares, que representan una de las grandes apuestas para la generación de energía, podrían quedar congelados, y se estima que se presentarían dificultades en las consultas previas con las diferentes comunidades.
Además, ha indicado que no existe la certeza de cómo quedará la línea del polígono, incluso esta podría pasar por Santa Marta y Valledupar, “por lo que hay que esperar a que el Igac fije los límites”.
DECRETO QUE PRENDIÓ LAS ALARMAS
El decreto que establece la nueva delimitación de la llamada ‘Línea Negra’, fue firmado el 6 de agosto del año pasado, por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Con la norma se permite la ampliación del territorio ancestral y sitios sagrados para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (koguis, wiwas, arhuacos y kankuamos).
Cabe resaltar que de las 1’700.000 hectáreas que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta, los lugares cobijados por el citado decreto no suman más de 350. Pero su polígono se extendería hasta ciudades como Riohacha (La Guajira), Santa Marta (Magdalena) y Valledupar (Cesar), e incluiría tres resguardos indígenas, 25 municipios, tres corporaciones regionales y tres parques nacionales: Sierra Nevada de Santa Marta, Tayrona y Los Flamencos dentro del área de influencia.
Además, con el articulado del decreto, los lugares sagrados que antes contenía la línea pasan de ser 54 a 348, y cobijaría también algunos ríos, quebradas, piedras e incluso parte del mar.
Al cierre de la presente edición, voceros del Igac se comunicaron con Portafolio para expresar que “el tema es delicado, muy serio, y no se puede abordar ni ofrecer declaraciones sin un análisis exhaustivo de la información que se entregará”.
LOS ‘BEMOLES’ DE UNA CONTROVERTIDA NORMA
El Igac es el encargado de “unir los puntos” para conocer la magnitud del polígono. Y los técnicos de la entidad siguen en el estudio para establecer el nuevo trazado. Por el momento la nueva zona de influencia no está clara (a pesar de que ya los puntos están determinados). Con la expedición del decreto inició el enfrentamiento entre los cuatro pueblos indígenas y los gobernadores de cinco departamentos del Caribe (Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar) y más de 20 gremios de empresarios.
El sector minero del país también está a la expectativa ya que la norma no da claridad sobre los espacios que comprende el territorio delimitado, generando dudas sobre su aplicación y en ocasiones yendo más allá de la Constitución y leyes.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
Tomado de El Portafolio
