Camilo Sánchez, Presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Luego de varios meses de continuos reveses políticos del Gobierno, fallas con la Paz Total, escándalos de corrupción y propuestas legislativas sin éxito, el presidente de la República de manera apresurada decidió lanzar una cortina de humo al convocar una Asamblea Constituyente innecesaria e inconveniente, creyendo que con esta presión logrará pasar las reformas que tiene casi hundidas en el Congreso.
Él mismo dijo en campaña que la Constitución del 91 sería suficiente para hacer los cambios que realizaría durante su presidencia, comprometiéndose a “suscribir en mármol” no presentar una reforma en esta dirección. Hoy se contradice, incumpliendo gravemente su promesa. Recordemos como sin reforma constitucional alguna, hace pocos meses sí pudo hacer aprobar por el Congreso el Plan de Desarrollo, la Reforma Tributaria y Escazú, por mencionar algunas iniciativas. Lo hizo convenciendo a las mayorías con argumentación y concertación. Ahora se radicalizó y quiere imponer sus proyectos, desconociendo el principio constitucional de la separación de poderes.
El legislativo cumpliendo su labor le está negando algunas reformas inconvenientes. De hecho, hoy no cuenta con el apoyo político en el Congreso ni las mayorías ciudadanas como lo demuestran recientes encuestas; por esto al amenazar y suponer que el pueblo será el que lo apoye en estas propuestas, seguramente tendrá otro revés porque la gente no quiere cambiar lo que ya sirve simplemente por cambiarlo. Nuestra Carta Magna de 1991 es totalmente progresista y garantista, lo que nos ha permitido avanzar muchísimo.
Pretender que las entidades encargadas de generar los pesos y contrapesos sólo sirvan de notarios del querer del Ejecutivo, para no correr el riesgo de desaparecer, es francamente inadmisible. Olvida el presidente que realizar este tipo de convocatorias implicaría mucho tiempo y dinero del erario, además que tendría que cumplir con mayorías calificadas en Cámara y Senado, superar umbrales mucho más exigentes que la votación obtenida cuando logró su elección presidencial, pasar por el examen de constitucionalidad de la Corte y, finalmente, realizar el proceso electoral por parte de la Registraduría.
Tendríamos entonces un presidente, esperemos no un candidato, en permanente campaña durante el resto del mandato cuando debería estar gobernando. Las consecuencias podrían ser bajas ejecuciones presupuestales; mayor decrecimiento económico; menor inversión por falta de seguridad jurídica; mayor desempleo e incremento del costo de deuda al bajar nuestra calificación de riesgo. Seguir por la vía de la confrontación y el llamamiento a marchas en las calles solamente generará incertidumbre y caos. Todo un caldo de cultivo para aumentar la inseguridad que hoy nos agobia.
Nuestra responsabilidad histórica está en evitar que cantos de sirena sigan dividiendo al país llevándolo a su ruina, por no haber sido capaces de levantar la voz y oponernos a tiempo. Que el humo constituyente no nos nuble la visión de la realidad.