No prosperó la conciliación para el pago de las deudas de la concesión de la Ruta del Sol 2.
Los diferentes sectores de la producción en Colombia, representados por el Consejo Gremial Nacional (CGN), al respaldar las gestiones del Gobierno para preservar la confianza y la seguridad jurídica en el financiamiento de obras de infraestructura, hicieron un llamado para que se paguen las obligaciones a los terceros de buena fe que hacen parte de las iniciativas.
A través de un comunicado, el CGN señaló que teniendo en cuenta que las iniciativas de concesión se ejecutan con capital privado, el legislador y la jurisprudencia han establecido de forma clara que, cuando el Estado reciba un activo, como lo es una obra en la cual no ha invertido recursos, debe responder por ese activo y pagar para que se atiendan las obligaciones con los terceros de buena fe como son los empleados, proveedores y financiadores.
“Particularmente, frente a las entidades financieras que, por la naturaleza jurídica de los contratos de asociación público privada (APP), de buena fe han financiado la construcción de infraestructura pública, de acuerdo con la normatividad sobre contratación pública tienen derecho al reconocimiento y pago de tales dineros en razón de las obras recibidas”, precisó el Consejo Gremial.
La comunicación fue firmada por Acolfa, ACM, Acopi, Acoplásticos, Analdex, Anato, Andi, Andesco, Asobancaria, Asocaña, Asocolflores, Asofiduciarias, Asofondos, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confecámaras, Cotelco, Fasecolda, Fedegán, Fedepalma, Fenalco, Fenavi y la SAC.
Fracasa conciliación
El pronunciamiento se hace en momentos en que un tribunal de arbitramento alista su veredicto sobre quién debe responder por los pagos pendientes a proveedores, empleados y bancos relacionados con el proyecto Ruta del Sol 2, cuyo contrato fue liquidado como consecuencia del escándalo de la brasileña Odebrecht, no solo en Colombia sino en varios países de América Latina.
En este sentido, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo que el tribunal de arbitramento que dirime las diferencias entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria de la Ruta del Sol 2 será el que determine finalmente la forma como se pagarán esas deudas.
La funcionaria explicó que dentro de dicho tribunal arbitral, el Gobierno estaba buscando la posibilidad de una conciliación, sobre la base de que los bancos renunciaran a los intereses de los créditos dados a la concesionaria, cuya cuantía está tasada en unos 250.000 millones de pesos, pero no se llegó a un acuerdo sobre la forma de pago.
Y reiteró que era una conciliación judicial dentro del marco de un tribunal de arbitramento, y que si se hubiese llegado a un acuerdo, este pasaba al concepto previo de la Procuraduría General de la Nación y, luego, al control de legalidad del tribunal arbitral.
“Aquí, el Gobierno no estaba haciendo nada detrás de nadie”, enfatizó.
Tomado de El Tiempo
