Camilo Sánchez, Presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Desde 2011, autos de la Corte Constitucional incorporaron acciones afirmativas para dignificar la labor y formalizar la actividad de los recicladores de oficio. El decreto 596 de 2016 reglamentó esta actividad en el servicio de aseo para aquellos prestadores que correspondieran a organizaciones constituidas por recicladores, definiendo un esquema de progresividad para su formalización y cumplimiento de las condiciones de operación.
Infortunadamente, este proceso y su desarrollo crearon incentivos perversos en detrimento del reciclador de oficio, del usuario y del servicio. Con el solo registro del prestador de aprovechamiento ante la Superservicios se cobra una tarifa y, si es una organización de recicladores, esta puede acogerse a la progresividad sin consecuencia en caso de incumplimiento porque no están determinadas acciones de seguimiento que dignifiquen al reciclador que recoge, transporta y clasifica los materiales, quedando en los intermediarios la mayor parte del recaudo.
Según la Superintendencia, en diciembre 31 de 2022 hubo incrementos del registro de prestadores cercanos al 70%, con 1.063 organizaciones de recicladores de oficio, de las cuales 962 se acogieron a la progresividad.
Los cerca de 68.000 recicladores reportados utilizan 47.529 vehículos, de los cuales 41.483 son carretillas de tracción humana. Solo 39% utilizan básculas para determinar el peso del material aprovechado, lo que se cobra a todos los usuarios del servicio. Según el Dane más de 112.000 personas, predominantemente mujeres cabeza de familia y adultos mayores, realizan esta actividad, formalizándose solo el 7,7%: toda una tragedia.
La tarifa de aprovechamiento que paga el usuario y que se ha venido incrementando significativamente se transfiere directamente a las organizaciones de recicladores y no a las empresas prestadoras como se cree. En 2022, la tarifa promedio en las capitales del país fue $1.901/usuario, teniendo Bogotá el valor más alto con $6.330/usuario. En 8 años se ha transferido cerca de $1 billón y sigue aumentando; en 2023 Bogotá transfirió $217.000 millones a 441 organizaciones. Estos recursos no llegan a los recicladores y, paradójicamente, tampoco disminuye el material que se dispone en los rellenos sanitarios.
Esperaríamos que tales cifras generaran mejoras en las condiciones de trabajo y vida de los recicladores, pero es todo lo contrario, siguen en carretillas que condenan al reciclador y su familia.
La Superintendencia ha mencionado la necesidad de verificar, evitar el sobrerregistro y constatar que los recursos lleguen eficazmente al grupo base de recicladores, pero esto queda en anuncios sin resultados.
La solución no da espera; hoy se cobra más a los usuarios a pesar de que realizan separación desde la fuente y se ve mayor pobreza beneficiando a los esclavistas del siglo XXI, a quienes nadie ronda. Vamos empeorando, y lo más absurdo, aplaudimos por desconocimiento de los resultados. El peor ciego es el que no quiere ver.
