Desde el Consejo Gremial Nacional expresamos nuestra profunda preocupación por los señalamientos reiterados del Presidente de la República, Gustavo Petro, en contra de personas que, desde distintas instancias técnicas, institucionales y políticas, han expresado opiniones argumentadas y legítimas frente a asuntos de interés nacional.
Nos preocupa especialmente que estas descalificaciones recaigan sobre figuras públicas como el Presidente del Senado; congresistas; líderes gremiales; mandatarios regionales; líderes de opinión y periodistas quienes han manifestado sus posiciones dentro del marco de la democracia y el debate público. En un país con altos niveles de polarización y confrontación, este tipo de pronunciamientos puede poner en riesgo la seguridad personal de quienes ejercen con responsabilidad su labor pública.
En una democracia, la diferencia de criterios no puede convertirse en motivo de persecución ni en licencia para hostigar o estigmatizar a quienes piensan distinto. Las palabras de quienes ocupan cargos públicos tienen un peso institucional y una responsabilidad directa sobre las consecuencias que puedan derivarse de sus declaraciones. Así lo señala el artículo 188 de la Constitución Política, que establece que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y, al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.
Colombia necesita con urgencia reencontrarse en la sensatez, en el respeto mutuo y en la construcción colectiva. Es desde la diferencia donde deben encontrarse los consensos que permitan avanzar en soluciones reales a los problemas del país.
Desde el Consejo Gremial Nacional reiteramos nuestro respaldo a todas las voces que, desde el conocimiento, la evidencia y la institucionalidad, contribuyen al fortalecimiento de la democracia, al respeto por las instituciones y al diálogo social responsable.