Camilo Sánchez, Presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Estas dos últimas semanas han estado frenéticas normativamente hablando. Las presentaciones del Plan de Desarrollo, Reforma a la Salud y Sometimiento a la Justicia, entre otras, colman las sesiones extraordinarias del Congreso. Lo preocupante es que esto no terminó ahí: se expidió el decreto asumiendo las funciones regulatorias en servicios públicos; se propuso que las organizaciones comunales instalen fibra óptica independientemente de su capacidad técnica y económica; igualmente, que las organizaciones de recicladores hagan lo propio con el aprovechamiento bajo el sugestivo título de Basura Cero, programa que esperamos tenga mejores resultados que en el pasado.
Dependiendo del auditorio se siguen estimulando discursos de división y polarización que no son necesarios y nunca serán oportunos.
Apenas con horas de ser presentadas estas reformas y sin que sean conocidas al detalle, se invita a parte de la ciudadanía a la calle a marchar para apoyarlas, y a la otra parte, la de la oposición, a contramarchar para rechazarlas, desconociendo que es en el Congreso donde se debe realizar la discusión para luego tramitarlas y votarlas, evitando más fragmentación y caos.
Tener mayorías no siempre significa estar en lo correcto. Pero el llamado a ellas, sin escuchar, reconocer y debatir, nos aleja de seguir construyendo sobre lo construido para continuar cerrando brechas. No repitamos los errores del vecindario, echando gasolina a la hoguera para apagarla. Bienvenidos los cambios, respetando el ordenamiento jurídico, sin estados de opinión, sin generar incertidumbre, sin caer en desesperanzas, desinversión, decrecimiento económico, mayor desempleo, emigración masiva y fuga de capitales, como las que ya se están presentando.
Uno de los patrimonios fundamentales del Estado Social de Derecho es el respeto por las reglas de juego, seguridad jurídica y la independencia de los poderes públicos, cada cual con su responsabilidad y sin presiones. Hay que seguir tendiendo puentes, lograr acuerdos, basados en lo técnico por encima de lo político, respetando la regla fiscal, para no caer en populismo y demagogia.
No importa el tema. Si se trata de un derecho fundamental debe debatirse por la Comisión Primera, o por otra comisión, si es una ley ordinaria. Debemos ser cuidadosos en los trámites normativos para reducir los riesgos de demanda por costos y pérdida de tiempo valioso. Igualmente, discutir amplia y juiciosamente con los distintos grupos de interés, en audiencias públicas, y en las sesiones del Congreso, evitando la aplanadora política, otrora cuestionada por los mismos que hoy la utilizan. Es inoportuno solicitar facultades amplias al ejecutivo en un Plan de Desarrollo, desconociendo jurisprudencias previas. Evitemos expedir decretos, con serios reparos de constitucionalidad y conveniencia. Debemos ser coherentes para no pasar de oportunistas.
Recordemos el viejo aforismo, “hacer justicia y derecho, en todo tiempo es bien hecho” y ahora más que nunca hay que aplicarlo, si no queremos que todos perdamos lo avanzado.
