Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Es imperativo superar la falsa disyuntiva entre la protección de las comunidades étnicas y el desarrollo del país. En vez de conflicto debe haber participación informada y técnica que logre consensos. Por esto acompañamos la Directiva Presidencial 06 del 14 de octubre, que establece lineamientos fortaleciendo la coordinación interinstitucional. El fin es que las consultas previas sean más expeditas y transparentes, para evitar la parálisis de proyectos benéficos, todo por intereses propios que ni siquiera son los de las comunidades.
Es indispensable contar con procedimientos claros, oportunos y previsibles que permitan ejecutar proyectos estratégicos en todos los sectores y a lo largo del territorio, garantizando los derechos de las comunidades étnicas con una adecuada gestión de las afectaciones directas.
No está en discusión el derecho fundamental a la consulta previa con las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom, por el contrario, la directiva ayuda a destrabar los procesos que impiden el cumplimiento de los cronogramas de proyectos fundamentales para el país. El Gobierno actual está apostando por una adecuada coordinación interinstitucional más ágil y efectiva.
Las instancias de diálogo seguirán siendo importantes para brindar seguridad jurídica y transparencia desde el inicio de la consulta hasta su culminación, impidiendo que se extiendan indefinidamente. Es clave que cada consulta esté bajo la responsabilidad de un funcionario único que la maneje y desarrolle, además será vital establecer sanciones muy fuertes para quienes hagan mal uso del instrumento. No olvidemos que los intereses colectivos siempre priman sobre los individuales, por lo que se necesita la integración de la información relevante a nivel territorial, étnico, predial, ambiental, de infraestructura y con clara identificación de las comunidades sujetas a la consulta para evitar la aparición de otros grupos con intereses de índole pecuniario y no ambientales ni sociales.
También es fundamental asegurar las situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos de los desarrolladores de proyectos para que no se abran y reabran temas, generando incertidumbre y desincentivo a la inversión.
Esta nueva directiva dinamiza los procesos para evitar que se sigan manteniendo los retrasos actuales de proyectos, y así lograr llegar a la meta de por lo menos el 6 % anual.
Vale la pena indicar que los ministerios de Ambiente e Interior publicaron dos propuestas de decreto para poder tramitar de manera paralela la consulta previa y la licencia ambiental, lo que ahorrará tiempo y dará mayor certeza a los proyectos.
Esta es una propuesta interesante como parte de las soluciones institucionales y administrativas de la consulta previa, siempre que no aborden aspectos asociados al núcleo esencial del derecho fundamental.
Como lo he dicho en otras oportunidades: Es sin populismo, con pragmatismo y técnica que podemos lograrlo.
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