Son muchas las estrategias que de tiempo atrás el Estado está implementando para avanzar en cobertura universal de internet, pero el Congreso acaba de aprobar una herramienta que podría ser clave para lograr ese propósito.
En la exposición de motivos de la iniciativa, que está pendiente de conciliación tras recibir luz verde en la plenaria del Senado, se planteó que “en Colombia existen cerca de 325 proveedores de servicios de internet (ISP), con menos de 30.000 usuarios, con una presencia en 1.032 municipios del país, es decir cubren cerca del 92% de todo el territorio nacional, incluidos aquellos lugares de difícil acceso y con población vulnerable. Con este proyecto, lo que se busca es ampliar la cobertura y calidad del internet ayudando a esos pequeños proveedores que llegan a esas zonas y población focalizada que necesita de este servicio”.
El representante por Boyacá, Rodrigo Rojas, del Partido Liberal, autor de la iniciativa junto a su copartidario caucano Carlos Julio Bonilla, explicó que para “que los pequeños operadores amplíen la cobertura del servicio para así llegar a los lugares más apartados” el articulado prevé estímulos como “la exención del pago de la contribución anual” a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) “y de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de las TIC por cinco años”. También habrá “simplificación de trámites, flexibilización de cargas regulatorias y reducción de tiempos para la designación de licencias para el despliegue de infraestructura”, así como “financiación de líneas de crédito para quienes tengan menos de 30.000 usuarios”, con recursos del mencionado Fondo.
Universal
En la exposición de motivos se recordó que “sin lugar a dudas el covid-19 se convirtió en un acelerador de procesos que percibíamos lejanos o ajenos a nuestra realidad. El acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación resultó siendo la herramienta fundamental para vencer los desafíos devenidos; figuras como el teletrabajo, la educación virtual y hasta la telemedicina, impensables dentro de nuestro contexto social, fueron obligatoriamente implementadas”.
“Haciéndose más obvia la realidad colombiana en materia de conectividad, en donde alrededor de 23,8 millones de personas no acceden a internet, siendo la población de las regiones apartadas y rurales, así como los estratos 1 y 2 de las zonas urbanas del país los más afectados por esta carencia. Por esta razón, la meta del Gobierno, fijada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), es que para 2022, al menos el 70% de la población (31,8 millones) tenga acceso a banda ancha de calidad, esto es aumentar al menos un 46,5% el número de personas con internet, respecto al año anterior. Frente al panorama estudiantil, según cifras del DANE para 2018 en Colombia había casi 10 millones de estudiantes y 447.000 docentes.
Al respecto, un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), de la Universidad Javeriana, reveló que el 96% de los municipios del país no podrían implementar lecciones virtuales debido a que menos de la mitad de los 10 millones de estudiantes de colegios públicos (cerca del 37%) tienen computador e internet en su casa. Según el Ministerio del Trabajo, actualmente están teletrabajando o haciendo trabajo en casa más de seis millones de personas y se espera que muchos de ellos sigan por largo tiempo en esa medida”.
Rezago
En ese contexto, se trajo a colación cómo “la OCDE ha evidenciado el rezago de Colombia en cuanto a uso generalizado de internet, ya que en 2017 este servicio solo llegaba a un 64% de la población, un nivel alcanzado por la mayoría de países de la OCDE a mediados de la primera década de 2000, según el informe. Sugiere la participación activa del Gobierno, el cual debería dar más pasos para aumentar la adopción y el uso de tecnologías digitales y reducir así la brecha digital entre los ciudadanos. Por ejemplo, podría mejorar la orientación del financiamiento estatal para centros públicos de conexión a internet situados en comunidades pobres y apartadas, destinar nuevos fondos a la adquisición de computadores y tecnologías de la información en escuelas y pequeñas empresas e introducir incentivos fiscales que promuevan el uso de la banca electrónica”.
“A su vez, de acuerdo con el estudio de este mismo organismo, un paquete de internet de alto consumo fijo en Colombia cuesta 2,5 veces lo que se paga en promedio en los demás países. Esto limita los niveles de conectividad de los colombianos. De hecho, a pesar de haber registrado un importante incremento en las conexiones durante los últimos años, Colombia sigue teniendo la penetración de banda ancha más baja de los países de la OCDE, con 52 subscripciones móviles y 13 fijas por cada 100 habitantes, en comparación con un promedio de la OCDE de 110 subscripciones móviles y 31 fijas por cada 100 habitantes.
Ese organismo recomendó mejorar la infraestructura digital y su utilización, pues según un informe realizado se determinó en diciembre de 2018, los datos sobre subscriptores a banda ancha fija y móvil por cada 100 habitantes (13,4 y 52,1 respectivamente) eran de los más bajos de la OCDE. Agregó que el 13% de las conexiones mediante fibra y la velocidad de descarga promedio (3,48 megabits por segundo) también son inferiores a los niveles promedio de la OCDE, aunque los precios de los servicios de banda ancha fija (pese a estar descendiendo) pueden llegar a ser 2,5 veces más elevados que los registrados en los países de la OCDE”.Esencial
Para estructurar las respuestas a estas circunstancias resulta clave lo expuesto por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-691 de 2008, definiendo que un servicio público es esencial cuando “las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales”, señalando que “las telecomunicaciones (…) son materialmente servicios públicos esenciales”.
Así, el proyecto de ley aprobado por el Congreso hace permanente la decisión tomada por el Gobierno, al amparo del estado de emergencia, en los decretos legislativos 464 del 23 de marzo del 2020 y 555 del 15 de abril del mismo año. Ambos en su artículo primero establecen que “los servicios de telecomunicaciones, incluidos los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales, son servicios públicos esenciales. Por tanto, no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación del servicio”.
Tomado de El Nuevo Siglo
