Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Es importante recordar la crisis del servicio de acueducto y alcantarillado en Cartagena antes de la Ley 142 de 1994, y cómo esta le permitió generar un esquema de participación público-privado para tener inversiones gigantescas que propiciaron mejoras en cobertura, calidad y continuidad del servicio.
Hoy, Aguas de Cartagena tiene el mejor de los mundos empresariales, el gobierno distrital tiene mayoría accionaria, preside su junta directiva y, sin politiquería por cuenta de su gobierno corporativo, les asegura estabilidad, meritocracia y técnica a sus empleados.
Por esto, preocupan las recientes declaraciones de la ruptura de relaciones unilaterales de la Alcaldía con Acuacar y su socio estratégico, abriendo un debate que trasciende el futuro de esta empresa al sentar un mal precedente para todo el sector de agua y saneamiento en el país, por intentar cambiar arbitrariamente el modelo, como por desconocer el marco legal vigente, así como el contrato actual y las buenas prácticas.
Es legítimo que el alcalde quiera exigir tener mayor cobertura y calidad. Sin embargo, una cosa es requerir mejoras y otra muy distinta concluir que la estatización constituye, por sí sola, la manera de enfrentar los desafíos que demanda la prestación del servicio. La solución requiere de un diálogo adecuado y permanente para alcanzar los mejores resultados posibles.
Recordemos que la seguridad jurídica es fundamental para invertir los necesarios y cuantiosos recursos para el mantenimiento y expansión del servicio. Desconocer esta situación implicará responsabilidades legales y fiscales por los detrimentos que se presenten, donde los funcionarios involucrados deberán responder patrimonialmente y de manera personal por sus decisiones.
Esta administración distrital cuenta con las herramientas para orientar la estrategia, exigir correctivos, supervisar la gestión y promover las inversiones necesarias para fortalecer el servicio. Por eso, el debate debería centrarse en cómo ejercer ese liderazgo con mayor efectividad y no en plantear la estatización como respuesta, porque con su posición, el alcalde estaría reconociendo el incumplimiento de sus responsabilidades durante su gestión, por ser el presidente de la junta directiva de la empresa.
Además, Cartagena cuenta con un activo estratégico que pocas ciudades tienen: su socio operador aporta conocimiento especializado y experiencia internacional en la gestión de sistemas de agua y saneamiento en París, Londres, Barcelona, como en varias ciudades de nuestro país. La pregunta no debería ser cómo prescindir de esa experiencia, sino cómo aprovecharla plenamente para que Cartagena alcance más y mejores resultados.
Lo que se impone es un trabajo mancomunado. Estaremos atentos a los órganos de control y a la justicia para que hagan cumplir lo pactado.
Como se dice popularmente: «Lo bueno cansa y lo malo amansa». Que una mala decisión no vaya a generar un inmenso costo para la ciudad y el país.
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