Pocos se animan a proponer su reforma. Sin embargo, la situación económica y social nos obliga a dar un nuevo impulso al modelo de la Constitución.
En los 80s, la fuerza de las huelgas por problemas en los servicios públicos no solo empujó el proceso de descentralización, sino la inclusión de un nuevo modelo de prestación en la Constitución de 1991, con la participación de actores públicos y privados.
Treinta años después, gracias a estas reformas, los servicios de agua potable y saneamiento básico no solo han logrado enfrentar el choque brutal de la pandemia, sino que pueden tener un rol fundamental en la recuperación económica de nuestro país en el corto y mediano plazo.
En el corto plazo, además de la vacunación, la reactivación depende de que podamos tomar todas las medidas de higiene para reducir el contagio del Coronavirus.
En este contexto, el rol de los prestadores es central para garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a toda la población, especialmente, a aquellos que están en situación de pobreza o vulnerabilidad.
En el mediano plazo, el sector puede ser uno de los ejes para que la recuperación sea más rápida, verde e inclusiva:
-Rápida: las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del sector están dentro de las que generan más empleos por millón de dólares invertido. Aspecto relevante para la política de empleo del gobierno nacional.
-Verde: es un sector vital frente a los retos del cambio climático, entre otros, por su potencial rol frente a la preservación de fuentes hídricas (ojalá, de forma conjunta con los sectores industrial y agrícola), así como en la planeación y ejecución de obras para hacer frente a inundaciones y sequías.
-Inclusiva: pocas intervenciones tienen el mismo nivel de impacto que el acceso al agua potable y el saneamiento básico, desde la disminución de muertes de niñas y niños por diarrea, hasta aumentos en la seguridad de las mujeres por el acceso privado a sanitarios.
Es un eje con muchas fortalezas, pero también con retos sustanciales. Desde 1991, Colombia ha desarrollado una institucionalidad sólida, con autoridades técnicas que reconocen no solo la racionalidad regulatoria de la eficiencia, sino también la de derechos humanos. A nivel internacional se reconoce nuestro bajo riesgo regulatorio.
Y nuestros prestadores, en general, han demostrado capacidad y compromiso para responder rápidamente frente a los requerimientos nacionales por la pandemia, a través de la reconexión de miles familias que tenían corte o suspensión, y de la insuspendibilidad. Sin embargo, seguimos con retos en cuanto a recursos, ejecución y sostenibilidad.
Para tener cobertura universal, es necesario diseñar instrumentos que nos permitan contar con recursos públicos o privados por un valor aproximado de 40 billones de pesos.
Simultáneamente, debemos disminuir las trabas burocráticas (como los trámites de regalías) y la escasez de proyectos con diseños adelantados, para poder ejecutar los recursos públicos que ya están disponibles y facilitar el aumento de la inversión extranjera. Así como generar mecanismos para que la infraestructura que el país logra construir sea sostenible en términos operativos y financieros.
A estos retos, la pandemia ha sumado una lista de tareas inaplazables:
-La necesidad de desarrollar reglas claras sobre la insuspendibilidad, que concilien la asequibilidad con la sostenibilidad financiera de la prestación (antes de que un proyecto populista tome fuerza).
-Mejorar la información del sector con un catastro de usuarios más ‘granular’ (con información sobre las personas y no solo sobre el inmueble) que permita agilizar la atención de la población vulnerable.
-Retomar las estrategias para promover la regionalización de la prestación (actualmente está fragmentada en aproximadamente 2.500 prestadores registrados oficialmente y 12.000 sin registrar), no solo para facilitar la coordinación con autoridades nacionales y subnacionales en tiempos ordinarios y de crisis, sino para optimizar inversiones y mejorar el cumplimiento de la regulación.
-Ampliar el acceso de los prestadores a la banca comercial y otros mecanismos de financiación como el mercado de capitales.
-Y facilitar la exploración de nuevas tecnologías y modelos de negocios, a través de esquemas de experimentación como los sandbox regulatorios, recientemente aprobados en la Ley de Emprendimiento (artículo 5 de la Ley 2069 de 2020, pendiente de reglamentación).
En solo diez años, la Ley 142 de 1994 logró dejar atrás la crisis de los 80s con aumentos históricos en accesibilidad y calidad en los servicios públicos domiciliarios (Montenegro y Rivas, 2005).
Pocos se animan a proponer su reforma. Sin embargo, la situación económica y social en la que nos está dejando la pandemia nos obliga a dar un nuevo impulso al modelo de la Constitución de 1991.
Estos retos y tareas para liberar el potencial del sector del agua potable y el saneamiento básico para liderar nuestra recuperación económica pueden ser un buen punto de partida.
Julián López Murcia
PhD (Oxford), MSc en Regulación (LSE), profesor Universidad de La Sabana y socio de Nalanda Analytica.
